Bélgica estrena este domingo nuevas restricciones sanitarias, que incluyen el cierre de cines, teatros y salas de conciertos y vacían las gradas de los estadios y que han puesto en pie de guerra al sector de la cultura.
Las medidas suplementarias se aplican cuando Bélgica registra una incidencia acumulada de 1.094 puntos, con un descenso semanal de los contagios del 36 % que se mantiene constante desde finales del pasado noviembre.
El primer ministro belga, Alexander de Croo, cuyo Gobierno federal acordó las medidas con las regiones Flandes, Valonia y Bruselas, justificó el miércoles las decisiones por prudencia ante la nueva variante ómicron, de la que se sabe que es más transmisible que delta.
El objetivo, dijo el liberal flamenco, es "ralentizar el avance" de ómicron, "gestionar la presión en los hospitales" y garantizar que los colegios abrirán el próximo 10 de enero.
Pero los nuevos protocolos sanitarios, que contemplan excepciones como museos, bibliotecas o lugares de culto, han exacerbado al sector de la cultura, el ocio y el deporte, que han convocado una protesta en Bruselas este domingo.
Algunas salas, como los cines Grignoux de Lieja y Namour o el teatro de la Toison d'Or de Bruselas, han anunciado que desobedecerán a las autoridades en respuesta a una decisión "inepta", mientras que asociaciones como la Liga de los Derechos Humanos o la Federación de Empleados de las Artes Escénicas preparan acciones judiciales contra los cierres.
El descontento con las autoridades federales y regionales de Bélgica, país que hace más de un mes y ante el incremento de los contagios empezó a reforzar las medidas con exigencias como el cierre de bares y restaurantes en horario nocturno y la obligatoriedad del teletrabajo al 80 %, trasciende también a la comunidad académica y científica.
A la incomprensión se han sumado desde los rectores de las universidades francófonas del país hasta reputados virólogos como Marius Gilbert, Yves Van Laethem o Emmanuel André, quienes han avisado del escaso "sentido" sanitario que tienen y del riesgo que supone en términos de confianza si en algún momento hubiera que recurrir a un "freno de emergencia".
El primer ministro dijo el viernes que las medidas se volverán evaluar en enero.
