El Obispado de Cádiz y Ceuta declaró desierta este viernes la licitación de las obras de rehabilitación de la Catedral Vieja en la capital gaditana con cargo a las subvención otorgada por los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Cultura y Deporte con cargo al 1,5% cultural. De acuerdo al acta de la mesa de contratación, esto se ha producido por el “considerable incremento de los precios en general y en particular en el ámbito de la construcción desde principios de marzo de 2020 y especialmente en las últimas fechas”.
La presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Ana Chocano, coincide en el diagnóstico. El betún, el acero, la madera, el aluminio o el cobre están por las nubes tras la pandemia porque, en un primer momento, se paralizó su producción y, cuando se pusieron fin a las restricciones, se trató de estimular la economía por medio de estímulos a la actividad creando una demanda inasumible y provocando, desabastecimiento y, por lo tanto, disparando el coste de las materia primas. A todo ello, hay que sumar la invasión rusa en Ucrania.
Los plazos administrativos no ayudan. “Cuando se presentaron las ofertas económicas, la situación económica era distinta a la actual”, apunta Chocano. Los precios del mercado han cambiado con respecto a cuando se firmaron los contratos y eso tiene consecuencias como la paralización de numerosos proyectos.
Cita a un socio, cuya identidad, prefiere mantener en el anonimato, al que le fue adjudicado un contrato por un millón de euros y tendrá que afrontar el sobrecoste de un 30% en la ejecución respecto al importe previsto de manera inicial.
“Estamos financiando las actuaciones: tenemos que comprar más caro pero nos pagan conforme a lo que se fijó en el precio de adjudicación”, insiste. En el caso de retraso en la ejecución, se aplican penalizaciones, sin tener en cuenta la dificultad de hacer acopio de material.
En estos casos, sostiene, lo adecuado es que se negocien rescisiones de contratos de común acuerdo, porque no son causas imputables al contratista, sino derivadas de una situación sobrevenida.
Pero la presidenta de Ceacop no tiene esperanzas de ser oídos por la Administración porque la única medida implantada por el Gobierno central ha sido del todo insuficiente. Chocano se refiere al Real Decreto Ley 3/2022, de 2 de marzo, para corregir el desfase provocado por los precios de las materias primas. “Las condiciones para acogerse a la revisión de los costes dejan fuera a la práctica totalidad de las empresas andaluzas”, denuncia en conversación telefónica.
Entre las limitaciones del texto, apunta que solo se aplicarán correcciones en las obras que se estaban ejecutando el pasado ejercicio. Tampoco valora la subida del precio de la energía.
Ante esta situación, Chocano se remite a una reciente nota de prensa en la que enumera algunas medidas para evitar “la destrucción de miles de empleos”. Entre ellas, plantea la aplicación de ERTE especiales por la paralización de la actividad por causa de fuerza mayor, tal y como se hizo con algunos sectores durante la pandemia.
En el ámbito autonómico, reclama a la Junta de Andalucía que elabore su propio sistema de revisión para permitir la ejecución de los contratos sin suponer la quiebra de las empresas y solicita a las entidades locales y supramunicipales que se acojan al mismo.
Y, en general, Ceacop demanda a los órganos de contratación que “sean flexibles y autoricen suspensiones temporales de ejecución mientras se acuerda el mecanismo de reequilibrio de los contratos.
Chocano insiste en que la situación es límite. Tanto que la patronal está barajando la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones y paros en las obras públicas de la región “si las administraciones no toman medidas que permitan restablecer las condiciones de equilibrio económicos en los contratos públicos firmados” o que se vayan a firmar.
