La publicación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular trata de incentivar la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclado y otros tipos de valorización, como la energética, desincentivando la eliminación con un nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos. A día de hoy, esta tasa elevaría el coste del servicio en el conjunto de Andalucía en 120 millones, 22,2 de ellos en la provincia.
Para evitarlo, los ayuntamientos tratan de potenciar la recogida separada de biorresiduos (comida cocinada o en mal estado, cáscaras, pieles o restos de infusiones). El de Cádiz, está pendiente de la resolución de una convocatoria de fondos Next Generation de 93.750 euros, la mitad de un proyecto en los domicilios del casco histórico, con 34.872 habitantes.
La delegada de Medio Ambiente, Rocío Sáez, ha apuntado que, en cualquier caso, se pondrá en marcha únicamente cuando la planta de tratamiento de Miramundo modernice sus instalaciones. Para ello, “hemos arrancado el compromiso del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia de Cádiz de invertir 7 millones de euros.
Asimismo, ha remarcado la necesidad de que la población esté concienciada, de manera que parte de la subvención solicitada a la Junta de Andalucía, se destinará a la sensibilización.
Respecto a las otras obligaciones que marca la normativa, como la modificación de la tasa de recogida, Sáez ha admitido que habrá que revisarlas, por el encarecimeinto del servicio, pero ha adelantado que “el trabajo nos llevará meses” porque habrá que modificar al mismo tiempo la ordenanza municipal, y ha expresado su intención de que sean los grandes generadores de residuos, como los supermercados, los que asuman la factura.
Finalmente, también ha reconocido que habrá que retocar el contrato de limpieza, pendiente aún de su adjudicación, “en un laberinto burocrático”, porque no contemplaba el cambio legislativo, pero confía en que no tenga coste adicional.
