El director de la sección española de Amnistía, Esteban Beltrán, explicó en declaraciones a la prensa que España figura entre los cuatro únicos países europeos que no registran este tipo de agresiones, junto a Polonia, República Checa y Luxemburgo.
Previamente, activistas de la organización de defensa de los derechos humanos han organizado un acto simbólico en la Puerta del Sol, que bajo el lema Señálate contra la discriminación ha llamado la atención sobre los casos de discriminación que se denuncian en Europa.
Según el director de Amnistía en España, acompañado por Tamara Carrasco, de la Fundación Secretariado Gitano, la consecuencia de esta falta de datos es la invisibilidad del racismo, y “algunas organizaciones hablan de 4.000 incidentes anuales”.
En este contexto, ha señalado que la futura ley de igualdad de trato y de no discriminación es una oportunidad para el Gobierno español de recuperar el tiempo perdido y trasponer la directiva europea contra el racismo “en toda su extensión”, documentar los casos y proporcionar el apoyo necesario a las personas perseguidas.
La nueva normativa “puede suponer un antes y un después en la lucha contra la xenofobia”, aseguró Beltrán, quien expresó su temor a que la directiva europea contra la discriminación –aún en debate– se quede tan rebajada que no logre combatir el fenómeno.
En este contexto, denunció que el Consejo de Igualdad de Trato, creado en el año 2003, se acaba de poner en marcha y aún está en “fase virtual”.
En Europa, millones de personas son discriminadas por motivos étnicos, de orientación sexual, creencia religiosa o por ser discapacitados; de ellos doce millones son gitanos, la minoría más importante de Europa, según los datos suministrados hoy por AI.
Por ejemplo, en la República Checa, añadió Beltrán, se segrega a los niños gitanos en un sistema educativo alternativo porque el Estado los considera “discapacitados”, con lo que se perpetúa la miseria.
Además, la mayoría de los países europeos ha fracasado “estrepitosamente” en la integración de los inmigrantes, “no se les garantiza los mismos derechos que al resto de ciudadanos ni se tienen en cuenta sus diferencias culturales, sociales o religiosas”.
