El PP endurece la batalla por Doñana sin temor a sufrir daño electoral

Lejos de amilanarse ante el choque con el Gobierno por el plan andaluz para regularizar regadíos en la Corona Norte de Doñana, el PP ha endurecido su batalla enfrentándose también al comisario europeo de Medioambiente, sin temor a que las acusaciones de negacionismo climático acarreen daño electoral.

La dirección nacional del partido y ahora el PP europeo han hecho suyos los argumentos de Juanma Moreno para seguir adelante con su plan de legalizar el regadío de unas 700 hectáreas en Huelva, a 30 kilómetros del Parque Nacional y con aguas superficiales que, según sostienen los populares, no afectarían al acuífero.

Al tirón de orejas del comisario lituano Virginius Sinkevicius, que advirtió de que, si se aprueba como está planteada, la ley "podría degradar el humedal protegido de Doñana" ha respondido el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y la eurodiputada Dolors Montserrat acusándole de hacer "campaña" a favor del PSOE.

Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado esta estrategia aún cuando supone chocar con la Comisión, que dirige la también popular Ursula von der Leyen, cuyo portavoz ha defendido que el rol de este organismo es "estrictamente institucional" y que la presidenta "tiene confianza en el conjunto de miembros de su colegio".

Feijóo argumenta que el PP y la Junta de Andalucía están siendo víctimas de una estrategia de campaña del PSOE de Pedro Sánchez, que les acusa de negacionismo climático "por omisión".

Los populares insisten en que el PSOE no puede hacer bandera de Doñana porque no lo aguanta la hemeroteca y que son ellos quienes sí protegen el parque, mientras legalizan regadíos en Huelva para que queden atrás los pozos ilegales y los agricultores irriguen sus cultivos de frutos rojos con agua en superficie.

Sin embargo, este plan depende de que ese agua llegue del trasvase de una demarcación excedentaria, la de los ríos Odiel, Tinto y Piedras, que está aprobado desde 2018 pero sigue pendiente de ejecución.

Es otra clave en la batalla de Moreno y del PP contra Sánchez. Mientras que exigen que se ejecute la obra, Feijóo se compromete a completar todas las infraestructuras pendientes si llega a Moncloa y a liderar además un plan nacional del agua.

Desde el PP apuntan además que, a pesar de las críticas que se escuchan en Madrid y en la prensa nacional, en el condado de Huelva tienen de su lado a los alcaldes socialistas y recuerdan que el PSOE de Juan Espadas se abstuvo respecto a su propuesta cuando la presentaron junto a Ciudadanos y Vox en 2022, aunque ahora ha votado en contra.

Lejos de esquivar la guerra del agua, el PP la lleva a sus mitines, pese a la división que genera entre autonomías. Hay una clara apelación al campo, un electorado clave en territorios como Andalucía, donde se dirimen millones de votos. En estas municipales los populares esperan también liderar ese voto rural en este tradicional feudo socialista.

Sin embargo, en un contexto de sequía y calor anómalo que ha disparado el termómetro hasta casi los 40 grados en el mes de abril, y en plena precampaña, el debate sobre legalizar regadíos entraña un riesgo evidente, aunque varias voces en la dirección nacional miminizan la polémica y niegan que exista temor a un daño electoral.

Además de insistir en que la lectura es diferente en Andalucía que en Madrid, argumentan en el PP que Doñana no condiciona el voto en por ejemplo Aragón, Castilla-La Mancha o Murcia y según sus análisis tampoco conlleva un retroceso a la hora de pescar votos entre los socialistas descontentos.

Tampoco preocupa en el PP que la batalla ecologista movilice más al electorado de izquierdas porque el voto verde es ya ideologizado y activo, por lo que no temen mella tampoco en ese flanco.

Así las cosas, y aunque desde Génova se subraya la autonomía de Juanma Moreno, la dirección del PP no ve problema en mantener el pulso al Gobierno, aún cuando Doñana comparte protagonismo en precampaña con la vivienda, otro elemento central donde los populares se ven fuertes frente al PSOE, a pesar de la nueva ley y de la promesa de miles de pisos en alquiler.