El Pleno municipal ha aprobado hoy una moratoria de dos años a la concesión de licencias para el desarrollo de plantas eólicas y fotovoltaicas en suelos tradicionalmente destinados al viñedo y en un perímetro de 600 metros. La iniciativa ha salido adelante con la abstención del PSOE, que la ha tildado de “mamarracho” y “chapuza”, además de considerarla “un engañabobos”.
Ese periodo de dos años es el que el propio Gobierno local se otorga para “elaborar, tramitar y aprobar” un plan especial que regule la instalación de este tipo de parques de generación de energía renovable en el término municipal de Jerez.
La delegada municipal de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha defendido la que considera la “primera iniciativa en firme” del Ayuntamiento para tratar de “defender el viñedo” ante la proliferación de este tipo de instalaciones, lo cual no significa que el Gobierno local esté en contra de las mismas.
La moratoria se sustenta en el Convenio Europeo del Paisaje que fue aprobado en 2000 y ratificado por España en 2007, basándose por tanto en el “principio de subsidiaridad” y en el hecho de que el Ayuntamiento, que tiene competencias en la materia, es la administración más próxima al ciudadano y por tanto la que puede asumir como propia esa normativa.
El portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Díaz, ha sido especialmente duro con esta propuesta, que considera “papel mojado” por cuanto “adolece” de instrumentos urbanísticos e informes técnicos que la avalen.
Díaz ha mostrado interés en saber cómo afectará esa moratoria a las arcas municipales, dado que la moratoria de dos años va a frenar hipotéticos ingresos por concesión de licencias.
También ha advertido de que la iniciativa está “retorciendo la legalidad” y puede generar un problema futuro que se traduzca en demandas judiciales y reclamación de indemnizaciones por parte de las promotoras de este tipo de plantas. “Esto no es serio ni responsable, es un fraude de ley”, ha apostillado.
El portavoz socialista ha ido más allá al acusar al Gobierno local de “mentir” a los viñistas porque a su juicio “esto no va a parar las licencias urbanísticas”. “Tienen una promesa electoral y se están envolviendo en la ilegalidad, generando incertidumbre y sin escrúpulos”, ha dicho.
Belén de la Cuadra ha dejado claro que la moratoria tiene como objetivo disponer del tiempo necesario para poner en marcha un plan especial que regule este asunto, asegurando igualmente que cuando las iniciativas no requieren de una “mayoría especial” tampoco precisan de esos informes técnicos a los que se refería el portavoz socialista.
El portavoz de Vox, Ignacio Soto, se ha congratulado por la aprobación de esta iniciativa, aunque a su juicio “llega tarde”, mientras que desde La Confluencia, la concejala Kika González ha recordado que ya en la anterior legislatura se reclamó sin éxito la adopción de este tipo de medidas, si bien ha advertido la “incoherencia” que a su juicio supone que la proponga el PP cuando en el Parlamento autonómico ha rechazado propuestas similares.
La Confluencia ha propuesto igualmente que en el texto definitivo se incluya también a otras zonas del municipio que también se están viendo amenazadas por la proliferación de plantas solares y eólicas, y no únicamente a los suelos más próximos al viñedo.
En este sentido, González ha citado a los proyectos pendientes de desarrollar en los entornos de Cuartillos o Torrecera.
Los principios generales de esta moratoria
Según explicó días pasados la propia alcaldesa, María José García-Pelayo, esta moratoria es un modo de “poner pies en pared” y tratar al menos de frenar el desarrollo “descontrolado” de este tipo de plantas de energías renovables, sobre todo teniendo en cuenta que existe una “obligación” de “cuidar el territorio, el paisaje, la cultura y las señas de identidad” del Marco de Jerez.
Eso no supone en ningún caso negarse al desembarco de nuevos proyectos de parques solares y eólicos, toda vez que la moratoria apenas afecta a “un 4 por ciento” de la superficie del término municipal.
En este sentido, García-Pelayo explicó que la intención del Gobierno es actuar con “equilibrio”. “No estamos diciendo que no se vayan a poder instalar plantas fotovoltaicas y eólicas, pero con la extensión que tenemos nos podemos permitir el lujo de blindar ese espacio durante dos años para impedir que se instalen nuevas plantas que condicionen nuestro futuro”, advirtió.
Esta moratoria no afectará en ningún caso a aquellos proyectos que están ya en desarrollo o en fase administrativa, ya que se hace necesario “respetar” esos trámites hasta su entrada en vigor. Incluso, se admite que el anuncio puede causar “efecto llamada” en estas próximas semanas, no descartándose que se inicien procedimientos para tratar de esquivar la entrada en vigor de la prohibición.
