El portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG), Jesús Mayoral, ha anunciado que interpondrá un recurso de reposición contra la contratación de una persona de más respecto a las autorizadas, como cargo de confianza por parte del gobierno municipal de San Roque.
Mayoral señala que el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, “que tanto critica la contratación del exceso de personal de confianza en la Diputación Provincial, ahora que la perdido, pero antes era él el que los contrataba, debe a la vez empezar por cumplir la ley en su propio Ayuntamiento”.
Recuerda que “el artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen local, limita el número de puestos de confianza de libre designación para cada ayuntamiento, en función del número de habitantes de cada municipio. Al municipio de San Roque que se encuentra entre el tramo establecido para los ayuntamientos entre 20.000 y 50.000 habitantes, le corresponde como máximo siete asesores de personal de confianza”.
El presupuesto de 2023 “ni siquiera tenía previsto cubrir siete, pero dado el resultado electoral y la pérdida de la Diputación, que ha nombrado a algún compromiso del partido por los asesores que han perdido en la Diputación han tenido que repartírselos y a San roque le ha tocado el premio gordo del enchufismo, porque el alcalde tiene mayoría absoluta”, indica con sorna.
Además, “no contento con cubrir los siete puestos, el máximo que puede contratar con una ley que solo beneficia a los partidos políticos para meter a dedo a sus militantes, en principio en el Pleno de organización aprobaron el máximo, pero nuestra sorpresa es que ya ha contratado a ocho, uno más de los permitidos por ley” y lo hace, añade Mayoral, “intentando aplicar una fórmula imaginativa cubriendo dos puestos a personas diferentes pagándoles media jornada a cada uno”.
“Nos asombra que la propia secretaria del Ayuntamiento no haya puesto ninguna objeción que sepamos, puesto que hasta han publicado el decreto en el BOP, a pesar del informe de aplicación de la Dirección General de los Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP, publicado sobre la limitación del personal eventual de confianza de las entidades Locales”, prosigue.
Dicho informe es “tajante y determina que aunque la retribución a este personal se le abone a tiempo completo o a “tiempo parcial de modo alguno debe sobrepasar el límite establecido por la Ley, en el caso de San Roque, siete, motivo por el que recurrimos al contratar ocho”, explica el portavoz del PIVG.
Haciendo memorial, indica que “en el año 2011, gobernando el PIVG, logramos en nuestro pacto precisamente con Ruiz Boix de alcalde, no contratar ninguno de estos puestos innecesarios porque se pueden suplir perfectamente con los empleados municipales y además si hay una necesidad de asesoramiento real, se contrata de forma puntual algún caso a una asesoría especializada”.
“Creíamos que ya habíamos logrado que en este Ayuntamiento no se contratase a nadie de los partidos de estos puestos totalmente innecesarios, ya veníamos de otro pacto con el PP y habíamos logrado rebajar a dos los 5 existentes con el pacto PSOE/USR “, recuerda Mayoral.
“Pero Ruiz Boix, en cuanto logró su mayoría absoluta en el año 2015, volvió a contratar a personal de confianza innecesariamente de su partido, para pagar favores políticos”, señala.
“En el año 2019, ya iba por cuatro contratos de personal de confianza del partido. Pero ya en el año 2022, comenzó incluso para preparar las elecciones a contratar a media jornada, pero sin pasarse del límite de siete establecidos por ley”, subraya Mayoral.
