El grupo conservacionista Verdemar-Ecologistas en Acción, el Ayuntamiento de Castellar y agricultores particulares han presentado alegaciones a la Autorización Administrativa Previa y Autorización Ambiental Unificada de Instalación Eléctrica AT-14417/20 en los términos municipales de San Martín del Tesorillo, Castellar de la Frontera y San Roque, que recoge ampliaciones en la subestación Pinar del Rey. El plazo para la presentación de estas alegaciones finalizaba el pasado viernes.
En opinión de Verdemar, “las ampliaciones de la subestación eléctrica del Pinar del Rey acabarán con este pulmón del Campo de Gibraltar”. Es por ello que los conservacionistas han presentado alegaciones “a estas ampliaciones y a la salida de tendidos eléctricos por sitios emblemáticos del Campo de Gibraltar”.
Desde Verdemar entienden que “no se están teniendo en cuenta los impactos acumulativos de esta nueva ampliación. Además, creen que el proyecto carece de “un estudio acumulado en el que se tome en consideración el riesgo que implicaría estas ampliaciones de subestación y torres de Alta Tensión”.
Desde Verdemar recuerdan que esta subestación “es la matriz de cuatro grupos de Centrales Térmica de Ciclo Combinado (gas- gasóleo), una petroquímica (CEPSA) que destila 14 millones de toneladas al año, una acería, cables de interconexión a Marruecos…, y multitud de cables de tendidos de alta tensión de diferentes kilovoltios”. Además, creen que “no se cumple lo que dice el proyecto técnico de ampliación de la subestación Pinar del Rey 400Kv”, que es que el proyecto “favorecerá una mayor penetración de energías renovables en el sistema eléctrico, posibilitando el cumplimiento de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, en la que se establece para 2030 un 74% de generación eléctrica a partir de energías de origen renovable, y 100% en 2050, así como de la Directiva 2012/27/UE”.
De igual modo, señalan que este proyecto “tiene una gran incidencia en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el marco de la normativa europea y declarada Zona Especial de Conservación”.
En la subestación del Pinar del Rey, los cables de alta tensión de diferentes voltajes están generando -a su parecer- “un impacto visual (tela de araña), ruido y contaminación electromagnética que están provocando una presión contaminante en los ciudadanos”. Consideran, además, que “en el entorno” se desarrollan otras actividades agrarias, forestales, turísticas, recreativas…” que “se verían perjudicadas por la contaminación electromagnética”. Todo ello sin contar el riesgo de incendios forestales o “el destrozo” de El Chapatal, “uno de los mayores sotos de esta zona Mediterránea”, con “fresnos de 20 metros de altura”, quejigos y alcornoques.
A su vez, según el documento de alegaciones del Ayuntamiento de Castellar -al que ha tenido acceso este medio- estas ampliaciones previstas son “incompatibles con la normativa urbanística y con el planeamiento urbanístico del municipio”, tratándose además, de que el planeamiento urbanístico de este municipio “incluye la planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía en suelo no urbanizable; las que se han ubicado en suelo urbano se incluyeron en el correspondiente proyecto de urbanización y las que deban implantarse en suelo urbanizablecorresponde al Plan Parcial o Plan de Sectorización y tienen que contemplar lo dispuesto en dichos instrumentos de planificación, debiendo adaptarse a los mismos”.
Agregan que el PGOU “contiene planos de infraestructuras eléctricas del mismo y no existen motivos justificados de urgencia o excepcional interés para el suministro de energía en este municipio que puedan aconsejar el paso de la línea de evacuación de referencia por suelo urbano o pendiente de urbanización ni tampoco el planeamiento territorial prevé su instalación”.
Remarcan, además, que las actuaciones previstas “no son instalaciones fácilmente desmontables”, por lo que “habrá que cumplir los requisitos de la ley LISTA y de su Reglamento aprobado por el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre para el supuesto de demolición/desmontaje o restitución en su caso del terreno a su estado origina”l.
De igual modo, apuntan que la Delegación Territorial “debe notificar y dar trámite de Audiencia a las entidades o empresas prestadoras de los servicios públicos en este término municipal” y que “debe citarse a los agricultores colonos propietarios de los terrenos afectados por el trazado de la línea cuya identificación y direcciones pueden pedirse a este Ayuntamiento para que puedan personarse y alegar en su caso en este asunto”.
Este medio ha efectuado consultas para trata de confirmar, por ahora sin éxito, si los otros dos ayuntamientos afectados por las obras (San Roque y San Martín del Tesorillo) han presentado alegaciones contra estas ampliaciones. De ser así, intentaremos concretarlo en próximas publicaciones.
