Cuando pasado el tiempo observamos cómo se nos va la vida, no sólo profesional, se nos antoja corta nuestra existencia, muy corta, aunque después de casi un cuarto de siglo, andando en esto de la Inspección de Educación, parecen que fueron muchos los años transcurridos. Insiste en este sentimiento de longevidad, la maraña normativa que se ha ido creando alrededor del Sistema Educativo en general y de la Inspección de Educación en particular. No quedando aquí la cosa ya que amenazan los políticos de turno con volver a regular lo ya regulado. Porque, además de no mejorar la realidad educativa, cada ley debe ser modificada porque ellos no lo hicieron y hay que derogar, retocar, introducir… ya que claro está, ¡como ellos nadie! Se llevan décadas hablando del deterioro de la calidad de la Educación. Y sin preguntar a quienes de esto saben -Profesorado, Direcciones Escolares, Inspección Educativa- ¿Cómo es posible realizar un análisis pormenorizado de esa realidad? ¿Cómo, sin una supervisión cercana e intensa sobre la realidad de lo que acontece en las aulas del sistema educativo, pueden los políticos de turno ponerse a legislar y legislar? La impresión, con tanto vaivén de leyes, es que prueban como si esperaran que en cada ocasión “sonara la flauta”. Mentes preclaras llegan a pensar que, con retocar los resultados escolares, se puede crear la impresión de que la situación mejora. A fuerza de dar cifras, números, incrementos presupuestarios maquillados, quienes han sido elegidos por el pueblo, pretenden presentarse ante el electorado como agentes activos del cambio educativo. ¿Realmente desean conocer que ocurre en las aulas? Porque es en esos lugares (opacos) donde se acrisolan las variables que condicionan los procesos de enseñanza aprendizaje y se obtienen o no los resultados escolares. Y para generar conocimiento veraz sobre ellos es imprescindible la Inspección Educativa porque sólo ella tiene libre acceso a esos escenarios donde se puede constatar la verdadera “calidad” de la educación. Para mayor confusión y expectativas de lucro privado, se crean agencias y empresas privadas que se autodenominan de “calidad” o de “evaluación”. Instancias internacionales como la Unesco generan múltiples baterías de test o pruebas: PISA, ERCE … que dicen evaluar aptitudes, logros de aprendizajes… y todas ellas muestran “malos resultados” con la arrogancia de pretender comparar la educación por países. Multitud de instrumentos al servicio de medir resultados, cuando nadie, salvo la Inspección de Educación está en condiciones de supervisar procesos. La tradición española de inspeccionar la educación, desde los veedores de la edad media, cuenta con esa institución educativa que bien utilizada recoge información de calidad sobre procesos educativos, facilita la gestión de la mejora de los mismos y permite optimizar resultados en cada una de las personas que se educan. Porque al fin y al cabo ese es el referente al que dar respuesta.
A fuerza de desplegar el sistema educativo, a lo largo de una transición aún inacabada, visto lo visto, la Inspección de Educación, que antaño lo era todo, se ha ido convirtiendo en nada. Una nada fantasmagórica que nada puede remediar, que nada puede resolver y que sólo puede informar a quien podría hacerlo y no lo hace. Y a pesar de que recoge, analiza y traslada a la “superioridad” de nada sirve y nada se le reconoce: Por el velatorio permanente de los derechos ciudadanos. Por ayudar a hacer operativas y eficaces las leyes y normas que las desarrollan, dubitativas, inestables e inciertas en la dureza de su aplicación, en función de la oportunidad política de cada momento. Momentos que se hacen eternos cuando, de los males que aquejan al sistema educativo, la Inspección de Educación informa, esperando se materialicen las propuestas ofrecidas. Informe tras informe, pretendiendo dar forma a aquello que se cuenta con el objeto de que se corrijan las deficiencias o se adopten medidas de mejora, sobre todo de la Educación Pública, la de todas y todos, ya que la Concertada -financiada con dinero público- y la Privada son ajenas a la supervisión educativa. ¿Por qué será?
Una Inspección de Educación que mira de cerca, y aquello que mira no acaba en imágenes interpretables a los ojos ciegos de quienes deben actuar, corregir, ampliar, completar, establecer, dotar... La información que fluye desde la Inspección de Educación como agua de manantial, nada trasmite a quienes sólo pueden otear una sequía de medios, recortes, ahorros, austeridad, aun a costa de cercenar derechos esenciales de aquellos a los que dicen servir.
Una Inspección de Educación que dice mucho y bien pero que pocos pueden oír, o, aún peor, quieren oír. Sobre todo cuando la algarabía ruidosa, de los cantos de sirena electorales, enturbia el entendimiento, angostado con tanto plan de planes y proyecto de proyectos, inasumibles e inabarcables por la penuria de medios. En esta sin razón, y sin logros, muchas personas que se dedican a esta tarea inacabada, e incluso efímera, de inspeccionar la educación, se ausentan. Unas desgraciadamente por defunción, otras con el jubilar júbilo que da la jubilación, aunque con cierta tristeza que siempre aporta la ingratitud, la falta de reconocimiento, no hacia sus personas sino a una función supervisora esencial para la Educación. Desarrollando tareas que, por bien hechas, deberían asegurar su desarrollo profesional y estabilidad en su desempeño. Pero eso, que sería lógico en los territorios de una inteligencia aplicada a las políticas educativas, no es frecuente en la mediocridad de la escalada perfecta hacia la cima del poder político. La ley de Educación establece que se inspeccione todos los elementos y aspectos del sistema educativo “a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza? Mucha injundia literaria cuando la política no desea que estos esenciales objetivos se cumplan. Quienes conocen algo el Sistema Educativo pueden tener una visión del vastísimo campo de acción que esa formulación representa y concluir que es imposible acometer este requerimiento legal con la nula voluntad del poder ejecutivo para ello.
Fdo. Rafael Fenoy Rico
