La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha reclamado que la Audiencia Nacional (AN) asuma las causas de narcotráfico a gran escala al entender que no hay medios suficientes para perseguirlas en los juzgados locales, a los que se libraría del "clima de opresión" que pueden afrontar en zonas como el litoral de Andalucía.
En un informe recogido por Europa Press, la asociación de jueces plantea una serie de medidas tras el asesinato de los dos guardias civiles embestidos por una narcolancha el pasado día 9 en Barbate (Cádiz) y apuesta por que la competencia para investigar estos casos se transfiera a la Audiencia Nacional, que tiene su sede en Madrid, con independencia del lugar donde se cometan los delitos.
AJFV subraya que en Barbate y otras poblaciones de Andalucía hay "falta de medios" y sobrecarga de trabajo para perseguir policial y judicialmente el narcotráfico a gran escala. Eso supone, según advierte, una "rémora inasumible que impide al Estado, como garante de la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, cumplir su función".
Y hace hincapié en la situación económica y social de la costa andaluza, reseñando que la tasa de desempleo es superior a la media nacional y solo queda por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, incidiendo en que los datos de paro son "todavía peores" en Barbate, nunca por debajo del 27% a lo largo de este año y el pasado.
La asociación judicial señala que el narcotráfico "campa a sus anchas" de forma directa o indirecta en lugares con un alto nivel de paro, puesto que se convierte en una "forma de vida atractiva" para quienes desean mejorar su estatus aunque sea delinquiendo.
En este contexto, AJFV menciona la difusión en redes sociales de vídeos sobre lo ocurrido en Barbate en los que se escuchan apoyos y jaleos hacia los tripulantes de la narcolancha que acabó con la vida de dos agentes de la Guardia Civil e hirió a otros dos.
"Por lo expuesto, el clima social puede volverse opresivo e irrespirable para los representantes del Estado de Derecho", recoge en el informe, en el que apunta que jueces y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado se encuentran con la dificultad añadida del "miedo ante el rechazo social que el desarrollo de su labor comporta".
La AJFV recuerda que la AN ya se ocupa de los delitos de mayor gravedad y relevancia social como el tráfico de drogas, pero siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y se produzcan en diferentes provincias, lo que consideran impropio del siglo XXI.
Explica que en sitios como Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda solo existen los juzgados mixtos --a los que les toca resolver asuntos civiles, penales y de familia-- que ya están afectados con casos complejos de narcotráfico y tienen una sobrecarga de trabajo "muy superior a lo que debiera corresponderles".
PRESIÓN COMO CUANDO EXISTÍA ETA
La asociación defiende que si la AN asume este tipo de causas "se evitaría a los integrantes del poder judicial destinados en estas poblaciones de Andalucía Occidental padecer el clima de opresión" que la AJFV compara con lo vivido con el terrorismo de ETA y subraya que en ese caso la transferencia funcionó.
La Francisco de Vitoria precisa que la Audiencia Nacional podría actuar de manera más directa sobre entramados más complejos y permitiría una unidad de actuación a lo largo del litoral andaluz, "imposible de alcanzar en este momento al depender de la línea de investigación individual seguida en el juzgado mixto de que se trate en cada caso", en cuanto a delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y similares, lo que a su vez implicaría aumentar la plantilla judicial en este órgano.
Y añade que "se evitaría cualquier intento de presión a los saturados miembros de la carrera judicial destinados en la localidad, miembros que normalmente se encuentran en su primer destino". "Ser nuevo en una profesión no implica falta de profesionalidad, pero sí de experiencia para poder agilizar, en la medida de lo posible, la tramitación de los asuntos que se someten a su consideración e investigar al mismo tiempo redes de traficantes de droga", agrega.
La AJFV también propone la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para lograr mayor agilidad en la fase de instrucción sin pérdida de derechos, demanda el aumento de medios y que se ponga en marcha un complemento de peligrosidad/penosidad o se amplíe el complemento por especiales circunstancias del destino que existe en País Vasco, Ceuta o Melilla.
"Tras la terrible muerte de dos guardias civiles en Barbate, y analizando el mal endémico que los delitos de narcotráfico suponen no solo para los juzgados del Campo de Gibraltar, sino para todos los del litoral andaluz, entendemos que es el momento de tomar medidas ya", ha indicado su portavoz, Sergio Oliva, en declaraciones recogidas por esta agencia de noticias.
Oliva ha avisado de que el narcotráfico actúa mediante estructuras criminales y pone en riesgo no solo la existencia de zonas de impunidad, sino el prestigio nacional e internacional del país, según ha señalado, para defender que con estas medidas sería posible que no se quiebre el Estado de Derecho en determinadas zonas de España.
