En estos últimos días, la sociedad barbateña en su conjunto ha conocido la presentación por parte del gobierno local de un documento en el que, básicamente, se piden unas compensaciones por la servidumbre militar del campo de adiestramiento Sierra del Retín. La presentación y el posterior debate plenario no ha quedado exento de una polémica superficial y secundaria frente a lo que debería ser lo principal y esencial: consensuar, por parte de los agentes políticos y sociales, la solicitud de compensaciones económicas por el Campo de Adiestramiento Sierra del Retín, unas demandas que cualquier persona puede entender que son más que justas.
Evidentemente, el relato de lo ocurrido será muy distinto según qué parte lo haga. Lo cierto es que se habló más del comportamiento y actitud de unos y otros que del contenido del documento, y eso, a fin de cuentas, no es nada bueno para el interés general. Desde mi modesto punto de vista, el alcalde presidente se equivocó al expulsar a una concejala socialista del pleno. No sólo eso, se equivocó en hacer un comentario fuera de lugar sobre una intervención correcta que pudo gustar más o menos, pero que, en ningún caso, se salió de las normas de un debate político. Por tanto, primero sobraba el comentario del aplauso y, sobre todo, sobraba la expulsión que fue fruto de una legítima reclamación por sentirse dolida con ese comentario.
Dicho esto, sea como fuere cualquier persona que tenga acceso al documento aprobado por el pleno verá que hay cosas positivas y otras realmente mejorables (si lo que se persigue es de dotar de una base sólida a las justas reclamaciones de un pueblo). Entre las positivas se encuentran que es el primer documento (que al menos yo conozco) en el que se cuantifica la repercusión negativa que ha tenido la economía local barbateña la instalación del Campo de Adiestramiento Sierra del Retín. No menos importante es que se haya hablado de que es un documento vivo y abierto a posibles modificaciones, porque, sin duda, son muchas las aportaciones que se le pueden hacer a este documento, enmendándolo tanto con la añadidura de ideas y datos como con la eliminación de algunas que no son excesivamente correctas. Por tanto, hay un aspecto positivo en el contexto político local que debe ser reconocido: el haber presentado un documento (evidentemente más que mejorable) para empezar dichas reclamaciones de compensaciones económicas para el municipio.
Por el contrario, podemos decir que tras una lectura del propio documento se observan grandes déficits tanto en la forma como en el fondo, tanto en el análisis como en las propuestas. Por enumerar algunas, podríamos citar que no se termina de vislumbrar realmente si de lo que se trata es de un documento para pedir compensaciones o de un plan estratégico para sacar al municipio del retraso estructural que padece, y que, por supuesto, no es debido sólo al Campo de Adiestramiento, sino también a situaciones de toma de decisiones políticas que han afectado negativamente a la economía barbateña. Por ejemplo, para nada se cita el desmantelamiento enmascarado (pero efectivo) de la actividad pesquera que hizo el gobierno del PP (estando gobernado en España y en el Ayuntamiento a inicios del año 2000). Lo sucedido, sin duda, supuso de facto la reconversión del sector pesquero barbateño sin una alternativa clara.
Así pues, por el contenido del documento quizás debería denominarse “Memoria para la solicitud de compensaciones por el Campo de Adiestramiento Sierra de Retín”. Su lectura para nada apunta a que se trate de un plan estratégico para el desarrollo del municipio; es más, se puede entender que tanto el contenido como la metodología alejan al documento de lo que debiera ser un Plan Estratégico para el Desarrollo, que debe contar con la participación de los agentes que intervienen en el municipio y por extensión de toda la ciudadanía para alcanzar el mayor consenso político, social y económico.
La cantidad que se demanda parece un deseo más que una opción factible. Los 411 millones de euros puede que sean un punto de partida para negociar, pero desde luego que no cabe la menor duda es una exageración querer hacer responsable a un gobierno de todos los años de agravio. Y todo ello, aún más, cuando uno de los grupos que gobierna en el ayuntamiento (concretamente el PP) lo ha hecho en varias ocasiones en España y poco o nada se implicó en Barbate. Lo mismo que sucede ahora con la Junta y Diputación en manos del PP, que margina a Barbate con respecto otras localidades como la Línea de la Concepción (socio imprescindible del PP para gobernar Diputación) y desde el gobierno local no se dice nada.
Llama la atención que este documento de 74 páginas dedique el mismo espacio a una contextualización histórica (que nada tiene que ver con el análisis de la realidad barbateña de hoy en día) que a las propuestas que se realizan para solicitar a la administración autonómica y provincial: mejoras en distintos aspectos de la vida que son competencia de estas administraciones. Algo que también es fácil de apreciar en el documento es la falta de una autocrítica de la propia institución municipal y de la forma de dirigirse desde el poder político. No se cuestiona cómo se ha llegado a esta situación de deuda y se asumen responsabilidades en la alícuota parte que se tenga.
Es una pena que este documento que nace sin consenso y de forma precipitada (quizás por los acontecimientos) puede ser tomado más como un tomahawk contra el gobierno central, a quien parece querer hacer responsable de cómo está el pueblo, que cómo un documento de trabajo para que Barbate consiga unas justas compensaciones por esta servidumbre militar. Esto último es algo a lo cual no se puede negar ningún grupo ni persona. Por lo tanto, puede que no sea un documento ideal, pero es una base sobre la cual demandar unas más que justas y necesarias compensaciones económicas por la servidumbre militar en el Retín. Que se haga con el mayor consenso y apoyo es misión de todos y cada uno de los vecinos y vecinas, pero la responsabilidad recae en quien tiene la capacidad de articular las vías de participación dentro del ayuntamiento para que esta participación sea real y no solamente nominal.
