La constitución de la comisión de investigación sobre la denominada Caja B se aprobó en Pleno de la Corporación en diciembre de 2008, cuando también se acordó que el edil y portavoz municipal del PA, Manuel Melero, se encargara de presidirla.
Desde entonces, han sido entrevistadas 16 personas, entre concejales en activo, ex políticos municipales, funcionarios y ex funcionarios del Ayuntamiento. También se ha recopilado numerosa documentación, procedente tanto de órganos internos del Consistorio como de fuentes externas.
Conclusiones
Para Melero, “ha quedado constancia de que no existió responsabilidad de los funcionarios, porque su trabajo se guió siempre por las directrices que les daban los políticos responsables de la Delegación de Seguridad Ciudadana durante esos años. Eso sí, se han detectado irregularidades administrativas y ahora corresponderá a la Justicia decidir si también las hubo penales”.
Según las conclusiones de Melero, queda demostrado que en la época 2000-2003 se heredó “una situación irregular” en la Delegación de Seguridad Ciudadana, ya que parte del dinero recaudado por los conceptos de retirada de vehículos por la grúa y de algunas denuncias se ingresaba en una caja auxiliar.
Este dinero era usado, de manera muy esporádica, para cubrir necesidades internas de la Policía Local (por ejemplo, compra de material), aunque legalmente está establecido que la recaudación debe pasarse íntegramente a los servicios económicos municipales.
Explicaba el concejal en su escrito que no está demostrado que esta situación se conociera en el equipo de Gobierno, aunque sí lo supieron los distintos concejales de Seguridad Ciudadana, y que en el periodo 2000-2003 el responsable de dicha delegación “no hizo nada para remediarlo”.
