Según el Supremo, esas conversaciones versaban sobre las estrategias de defensa de los letrados, aunque Garzón siempre ha mantenido que era la “única vía” para evitar que ocultaran pruebas o se perdieran los fondos que manejaban.
En concreto, el auto en el que el magistrado Alberto Jorge Barreiro ha ordenado abrir juicio oral a Garzón recuerda que se grabaron las conversaciones que los cabecillas de la trama de corrupción, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, mantuvieron en la prisión de Soto del Real con sus letrados desde el 19 de febrero de 2009.
Así, primero se grabaron las comunicaciones entre Correa y Crespo con el abogado José Antonio López Rubal que resultó imputado en la causa, aunque posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantó la imputación a este letrado.
Poco después de la imputación de López Rubal, los imputados designaron como abogados defensores a José Antonio Choclán (Correa), a Gonzalo y Pablo Rodríguez Mourullo (Crespo) y a Juan Ignacio Vergara Pérez (Sánchez).
La primera visita de estos abogados a sus defendidos en prisión el 6 de marzo de 2009 también fue grabada, incluidos, según el Supremo, “los actos de saludo y presentación entre personas desconocidas”.
En contra del criterio del TS, Garzón ha mantenido siempre en todos sus recursos y en su declaración ante el tribunal el 10 de mayo de 2010 y el pasado 7 de marzo que las escuchas pusieron de manifiesto que los imputados estaban
preparando operaciones para blanquear los fondos que habían obtenido de forma irregular.
En esa misma fecha, también es grabada otra entrevista del abogado Ignacio Peláez, autor de la querella contra Garzón y que representa al empresario José Luis Ulibarri -imputado en el “caso Gürtel-, con Correa y su letrado, José Antonio Choclán, en la que se preguntó al acusado por la trama en Valencia, particularmente sobre la construcción de un campo de golf y el “tema de los trajes”.
Conversaciones todas que estaban programadas para preparar la estrategia de defensa.
