El parlamentario andaluz del PSOE Rafa Márquez y el PSOE de Los Barrios denunciaron ayer el “especulativo” y “leonino” convenio urbanístico para el desarrollo del nuevo área logística firmado con la entidad Cortijo Grande de Caballerías, SL. Los socialistas identifican el acuerdo con los suelos de El Cañuelo, si bien tras comprobaciones realizadas por VIVA sobre dicho convenio estaríamos hablando de los terrenos del Cortijo Grande-Villegas..
Márquez se ha comprometido, tras mantener una reunión con la ejecutiva local socialista, a requerir a la consejera de Fomento en el Parlamento Andaluz "que se deshaga del convenio".
El PSOE de Andalucía, a través de su parlamentario andaluz, Rafa Márquez, se ha comprometido a requerir en el Parlamento a la Consejera de Fomento de la Junta de Andalucía que se deshaga del convenio por ser un convenio, que considera "un ejemplo de cómo el señor Moreno Bonilla entiende la gestión, potenciar lo privado beneficiando exclusivamente a particulares mientras deja los intereses públicos a un lado, en un papel residual. El PSOE de Los Barrios, a su vez, ha anunciado que agotará la vía administrativa, presentando alegaciones a la aprobación inicial y al resto de aprobaciones, si las hubiera, y que, si esto no surtiera efectos para paralizar el procedimiento, agotarán la vía judicial denunciando en el contencioso la aprobación definitiva de la sectorización de esos suelos.
El parlamentario andaluz, considera que tal y como dice el Planeamiento urbanístico de Los Barrios e informes técnicos de la propia Junta de Andalucía, la ejecución y el desarrollo de esa área logística debe ser desde lo público debido a la consideración de interés autonómico que tiene dicho proyecto. “No está justificado el por qué la Junta decide privatizar la gestión y desarrollo de un área logística a través de una empresa que no está especializada en este sector y que se dedica a otras actividades y, además, añade Rafa Márquez, hacerlo a través de un convenio con contraprestaciones contrarias a la ley, en algunos de sus apartados y lesivas para los intereses de la propia Junta de Andalucía”.
Una de esas cuestiones manifestadas por Márquez es la cesión directa a la empresa de un equipamiento denominado bien de dominio público. "La ley prohíbe expresamente las adjudicaciones directas de los bienes de dominio público y si se quiere conceder el uso y explotación de un bien de esa índole debe ser a través de una licitación pública”.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que el convenio emana de lo dispuesto en la Ley 5/2001, de 4 de Junio, por la que se regulan las áreas de transporte de mercancías en Andalucía, una ley aprobada bajo el mandato del PSOE en la Junta y que recoge la participación de la iniciativa privada, sin que ello signifique que deje de ser de Interés Autonómico, según fuentes jurídicas consultadas. En base a esta interpretación, la iniciativa seguiría siendo pública porque el único que tiene potestad para impulsar la Sectorización de la ZAL es APPA.
Daniel Perea por su parte, ha pedido al Partido Popular barreño que dé explicaciones al respecto, pero también se las ha pedido al alcalde, Miguel Alconchel, y a la concejal de Urbanismo, Sara Lobato, "por no estudiar con anterioridad un convenio urbanístico que tiene incidencias en el municipio barreño y por no oponerse al mismo". “No entendemos cómo se consideró oportuno llevar al pleno un expediente de sectorización de unos suelos para el desarrollo de un área logística impulsado por la empresa firmante en el convenio con la Junta de Andalucía, sin que el equipo de gobierno requiriera de ese convenio para su estudio e incorporación en el expediente y por supuesto para su consiguiente oposición al mismo”.
