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La pareja secuestrada por ETA estuvo dos días atada en una casa

Fiscalía pide 67 años de prisión para los acusados.

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 La pareja propietaria de la furgoneta con la que ETA pretendía cometer un atentado en Levante en agosto de 2007 declaró este lunes en el juicio a los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola que varios supuestos miembros de la banda les mantuvieron atados y con un antifaz durante dos días en una casa.

En la primera sesión del juicio de la Audiencia Nacional, en el que la Fiscalía pide 67 años de prisión para los acusados, la pareja explicó que fueron secuestrados el 24 de agosto de 2007 junto a su hijo en la localidad francesa de Messanges por cuatro o cinco individuos –que se identificaron como etarras– y trasladados a una casa, donde permanecieron hasta que les liberaron en un pinar.

“Parecía que estábamos esperando algo”, comentó la mujer, cuya pareja contó que sus captores tenían una radio y estaban pendientes de las noticias.

El hombre indicó que inicialmente confundió a sus captores con “guardias” y que éstos le pidieron las llaves de la furgoneta con la amenaza de matar a su familia si no se las entregaba.

Según el escrito provisional del fiscal, los etarras –a quienes acusa de tres delitos de detención ilegal, uno de atentado con estragos terroristas, otro de tenencia de explosivos y otro de robo con intimidación– entregaron la caravana a otras personas que la cargaron de explosivos para cometer un atentado en Levante.

Fue un vecino de la zona de Massia d'En Riera –en el término municipal castellonense de Cuevas de Vinromán– quien alertó a la Guardia Civil de que había una furgoneta amarilla de marca Mercedes en medio de un olivar, según el testimonio de un agente del cuartel más cercano a la zona.


EL ASESINATO DE ORDOÑEZ


La Fiscalía pedirá el próximo miércoles 30 años de prisión para el etarra Juan Ramón Carasatorre Aldaz por el asesinato en 1995 del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, por el que ya fueron condenados Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, y Valentín Lasarte Oliden.

En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público acusa a Carasatorre de un delito de asesinato y pide que se le prohíba volver a San Sebastián durante cinco años a partir de que alcance cualquier tipo de libertad.

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