Jerez cuenta actualmente con 1.299 viviendas de uso turístico (VUT) inscritas en el registro de la Junta de Andalucía, lo que apenas representa el 6,7 por ciento de la oferta de la provincia de Cádiz, que dispone de 19.328 de estos inmuebles. Además, se da el caso de que el número de VUT registrados en la ciudad es muy inferior al que se contabiliza en Cádiz (2.400) a pesar de que su población es muy superior (213.616 frente a 110.914).
Partiendo de la base de que a día de hoy “no existe un problema de desbordamiento de la vivienda turística en relación con la vivienda residencial”, el Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Junta de Andalucía encaminado a coordinar y reforzar el control y el intercambio de información sobre estos inmuebles con el propósito de “evitar que la situación se desborde y que lo que ahora no es un problema” sí termine siéndolo “en un futuro”.
La alcaldesa, María José García-Pelayo, avanzó que gracias a ese convenio será posible hacer “un control exhaustivo” de estas viviendas, asegurando entre otras cosas que “aquellas que funcionen como viviendas turísticas sin serlo porque no cumplan los requisitos o normativas no podrán seguir funcionando”.
Además de la consulta pública que se encuentra en marcha con el propósito de que los ciudadanos “puedan opinar”, el Ayuntamiento tiene previsto modificar el PGOU para que se aclare qué requisitos deben cumplir las viviendas para que puedan ser destinadas a esta finalidad y fijar, a través de una ordenanza, los porcentajes máximos de vivienda turística en cada sector de la ciudad en relación con la vivienda de uso residencial.
El de Jerez es el quinto convenio que firma la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía para reforzar el control de las viviendas de uso turístico, después de los ya suscritos con los ayuntamientos de Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz, donde según el consejero, Arturo Bernal, sí existe ya un problema de “desequilibrio” de la oferta al que era necesario “poner solución”. En el caso de Jerez, el convenio tiene carácter “preventivo” porque aún no se ha detectado un problema real.
Bernal ha recordado que hasta ahora a los propietarios de viviendas les bastaba con inscribir estos inmuebles en el registro de la Junta para destinarlas a uso turístico, mientras que a partir de ahora se van a solicitar una serie de requisitos dado que estamos hablando de “una actividad económica que debe regularse como tal”.
El convenio supone “un compromiso con los residentes para velar por sus intereses, proteger sus derechos y asegurar que la actividad turística beneficie a su bienestar y a la sostenibilidad de las comunidades”, explicó el consejero, asegurando que la intención es “mitigar los posibles efectos no deseados de las VUT en aquellos municipios en los que según su modelo de ciudad, suponen un desequilibrio con el uso residencial o habitacional”. Al mismo tiempo se mejorará también la detección y actuación contra las viviendas que operan de manera clandestina.
