El alcalde San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha manifestado a Viva Campo de Gibraltar que seguirá adelante con el Plan Ayala, como es el conocido la iniciativa de desarrollar el Distrito Equino de San Enrique de Guadiaro para construir en un suelo no urbanizable minifincas con establos para caballos y viviendas, en un proyecto que pretendía atraer al deporte del polo.
Ruiz Boix ha hecho estas declaraciones tras conocerse este fin de semana que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el Plan Especial Ayala, que fue aprobado por el Ayuntamiento de San Roque en julio de 2020.
Ruiz Boix ha asegurado a Viva Campo de Gibraltar que acata la sentencia del TSJA, pero que seguirá buscando fórmulas y mecanismos legales que amparen la iniciativa urbanística, que a su entender tiene cabida en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Argumento que el Plan Ayala es una propuesta que ni es suelo urbano y rústico, sino, una catalogación que él definió como mixta que hay que tratar de hacer compatible con la legislación vigente.
Manifestó que no se fija plazos de tiempo para la aprobación de este plan especial y que habrá que empezar desde cero su procedimiento, pero que su idea es continuar adelante con él, porque es necesario para la localidad.
El alcalde de San Roque ha insistido que el Plan Ayala es una oportunidad para potenciar la explotación caballar mediante la creación de minifincas. A su juicio, esta iniciativa podría generar empleo y riqueza no solo en San Roque, sino también en los municipios cercanos de Castellar, El Tesorillo y Jimena.
El grupo Vedermar Ecologistas en Acción, en nota de prensa, dio a conocer el domingo la decisión del tribunal, que incluye la condena en costas al Ayuntamiento de San Roque y a la promotora Ayala España S.A.
La decisión judicial fuerecibida como un triunfo por Verdemar, que considera que el proyecto intentaba establecer un nuevo núcleo poblacional en un área donde el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) no lo permitía. Este colectivo había presentado alegaciones al respecto, las cuales fueron ignoradas en el proceso de aprobación del plan.
Para Verdemar, el Plan Especial representa un retroceso ambiental. El grupo ecologista argumentan que fragmenta el territorio y compromete la conectividad de los ecosistemas locales. Según Verdemar la propuesta, lejos de restaurar el entorno, simplifica un espacio que alberga múltiples hábitats, incrementando artificialmente el área disponible para la urbanización.
Además, según Verdemar, el plan no consideró la existencia de dos enclaves arqueológicos catalogados, lo que pone en riesgo su conservación. Esto contraviene las normativas del PGOU, que prohíben el desarrollo en suelo no urbanizable protegido. La falta de atención a estos elementos clave subraya las deficiencias del plan, que no respeta la regulación ni promueve un desarrollo sostenible en la región.
