En una nota de prensa enviada ayer miércoles, el dirigente de USR afirma que el Ayuntamiento “está rozando el desacato” y amenaza con denunciar este hecho ante los tribunales.
Hay que recordar que el pasado mes de enero se recibió en el Consistorio una diligencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), emitida originalmente por el Tribunal Supremo, en la que se exigía la adjudicación de nuevo de esa parcela de Torreguadiaro respetando las bases iniciales del concurso, que se remonta a 2002. Dicho concurso fue anulado por el TSJA en 2004, pero la sentencia no se ha ejecutado aún debido a la presentación de diversos recursos.
El regidor sanroqueño explicó que “todo lo que estoy haciendo es trabajar con las empresas VVERTH y Sotogolf para que el Ayuntamiento de San Roque no tenga que pagar, como mínimo, 210 millones de las antiguas pesetas. Y uno de los principales responsables de haber llegado a esta situación es el mismo Ledesma, así que resulta lamentable que venga ahora con las prisas”.
Para el alcalde, el dirigente de USR “debe padecer amnesia temporal. Parece olvidar que cuando presenté en la Junta de Portavoces la moción en la que se daba cuenta de la diligencia del TSJA y se marcaba el itinerario de cumplimiento de la sentencia, él pidió que se retirara la moción y que sólo se diera cuenta al Pleno de la decisión judicial. También parece olvidar que la moción se aprobó finalmente con los siete votos del Grupo Socialista, porque el resto fueron abstenciones. Entre otras, la de él mismo”.
Ruiz Boix recordó que “todo el problema de la parcela TG22 se debe a una adjudicación ilegal de un gobierno municipal formado por PP y USR, del que Ledesma formaba parte. A lo largo de los últimos diez años, si algo ha caracterizado al líder de USR ha sido su actitud cobarde ante este asunto y su obstrucción a la acción de la Justicia propiciando que desde el Ayuntamiento se presentaran innumerables recursos a la sentencia inicial de 2004 que declaraba expresamente que la adjudicación parecía estar dada de antemano y exigía, por tanto, que se repitiera el proceso desde el principio y conforme a las bases originales del concurso”.
“Desde 2004 -señaló el alcalde-, el PSOE ha exigido en repetidas ocasiones el cumplimiento de la sentencia, pero la unión de fuerzas entre PP y USR en los distintos plenos municipales a los que se ha llevado el asunto ha impedido pasar página. Si hubiéramos cumplido entonces, el Ayuntamiento no tendría que enfrentarse ahora a esos 210 millones de las antiguas pesetas”.
Esta cantidad (más de 1,2 millones de euros) se corresponde con los intereses de demora, a los que habría que sumar otros conceptos que las empresas implicadas (Sotogolf y VVERTH) podrían reclamar al Ayuntamiento, como gastos en estudios urbanísticos, lucro cesante...
“Este alcalde -prosiguió- mantiene la neutralidad en este asunto, y he intentado propiciar un acuerdo con las dos empresas implicadas, precisamente para que el Ayuntamiento no tenga que abonar esa cantidad. Espero que finalmente ambas firmas lleguen a un entendimiento para hacer más fácil el cumplimiento de la sentencia, que de todas formas vamos a ejecutar no porque lo diga Ledesma, sino porque así nos lo marcan los tribunales”.
Finalizó indicando Ruiz Boix que “me gustaría que este asunto vuelva a los tribunales. Estoy deseando que un juez me pregunte para poder contarle todo lo que conozco del tema”. En el Pleno Ordinario de la Corporación del pasado 26 de enero se aprobó una moción de Alcaldía con los siete votos del PSOE y la abstención del resto de los ediles.
En resumen, en la moción: primero, se procede a darse por enterado y acusar recibo de la diligencia judicial; a continuación, se resuelve proceder a la inmediata ejecución de la sentencia del TSJA de 2004; y, en tercer lugar, se acuerda incorporar un informe jurídico con el itinerario para la ejecución de la sentencia sin perjuicio del estricto acatamiento de cualquier observación judicial.
Dicho informe recoge, entre otros puntos, las siguientes recomendaciones: requerir a la mercantil VVERTH la liquidación del contrato y la restitución al patrimonio municipal de la finca y de sus aprovechamientos urbanísticos; proceder al reconocimiento de la deuda con esa empresa, por el precio del contrato (seis millones de euros) más los intereses; y, una vez liquidado el contrato, proceder de nuevo a la adjudicación de la parcela respetando las bases iniciales del concurso.
