De estos seis, que acudirán a declarar en calidad de testigos al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, cuatro lo harán mañana martes y otros dos irán el jueves.
Estas declaraciones son parte de las pruebas solicitadas por el fiscal de la causa, Vicente González Mota, y las acusaciones populares ejercidas por la Asociación Libre de Abogados (ALA) e Izquierda Unida (IU), y que rechazó el juez cuando sí pidió a las bases aéreas sus planes de vuelo entre 2002 y 2006.
El pasado 17 de diciembre, Moreno tomó declaración a Miguel Aguirre de Cárcer, autor de un informe secreto sobre las escalas en España de esos vuelos que concluye que el ex presidente del Gobierno José María Aznar las autorizó.
Aguirre de Cárcer explicó al juez que la decisión de permitir esas escalas fue adoptada en instancias políticas, pero dijo que no sabía si la tomó el entonces ministro de Exteriores Josep Piqué.
Esa autorización, según manifestó el entonces director general de Política Exterior para América del Norte y Seguridad y Desarme, se dio en los términos que el actual ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, reveló en el Congreso a principios de diciembre, donde manifestó que aunque el Gobierno de Aznar autorizó esas escalas para casos de emergencia, éstas no llegaron a realizarse.
Además señaló que consideró este asunto político y no militar porque fue una persona de la embajada de
Estados Unidos, cuya identidad no facilitó, la que en enero de 2002 se dirigió a él como autoridad del Ministerio de Exteriores para solicitar esa autorización.
Para dar traslado de esa petición, según su testimonio, Aguirre de Cárcer, decidió hacer una nota y darle traslado al ministro porque era a él al que le competía tomar esa decisión, aunque entregó el informe en mano al ex secretario de Estado de Exteriores Miquel Nadal para que lo despachara con Piqué.
Además de este documento -al que él mismo decidió dar la categoría de “muy secreto” porque entonces no se conocía el traslado de presos talibanes a Guantánamo (Cuba) en vuelos militares-, reconoció haber enviado una carta al secretario general de Política y Defensa (Segenpol) Javier Jiménez-Ugarte.
También remitió una nota informativa que recibió Segenpol el 11 de enero de 2002, titulada Solicitud de Estados Unidos de escalas aéreas en caso de emergencia.
La investigación del juez se centra, principalmente, en los vuelos Argel-Palma-Skopje (Macedonia), del 22 de enero de 2004; Guantánamo-Tenerife-Constanza (Rumanía), el 12 de abril de 2004, y Madrid-Luxor (Egipto), el 16 de diciembre de 2003, y en las supuestas escalas de otros vuelos en los aeropuertos de Málaga, Barcelona, Alicante, Tenerife y Palma de Mallorca.
