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España

El alcalde de Estepona denuncia presuntas irregularidades en el departamento de Tesorería

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El alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, ha informado este martes de una denuncia realizada a última hora de este lunes ante la Policía Nacional sobre presuntas irregularidades en la Tesorería municipal del Ayuntamiento, tras detectar la Intervención municipal un desfase contable de más de 100.000 euros.

Estos hechos, calificados por el regidor de "muy graves", fueron puestos en conocimiento de la Alcaldía este pasado viernes, los cuales se derivan de supuestas actuaciones irregulares que se habrían iniciado en el anterior mandato y prolongado hasta la actualidad.

Ante esto, ha ordenado --mediante decreto de Alcaldía con fecha 16 de abril-- el inicio de una investigación para recoger el máximo de datos, elementos de hecho, indicios racionales y fuentes de prueba; así como para el aseguramiento del medio probatorio, ha explicado a través de un comunicado.

Además, y aras a un mejor desarrollo de la investigación, se ha resuelto dispensar de la asistencia a su puesto de trabajo al tesorero municipal durante la investigación, que será llevada a cabo por personal especialmente cualificado y conocedor de contabilidad y tesorería municipal.

Dicha dispensa se establece hasta el próximo día 30, sin perjuicio de que este plazo de tiempo sea ampliado en caso de que así lo aconsejen los resultados derivados de la investigación; y, al objeto de que la Tesorería municipal siga desempeñando sus tareas ordinarias, se ha nombrado a un funcionario municipal --actualmente jefe del Negociado de Gestión Tributaria-- como tesorero accidental.

Asimismo, se ha ordenado limitar el acceso a los documentos y sistemas informáticos necesarios a los empleados municipales que expresamente se designen por parte de la Alcaldía, en aras de "la objetividad y la eficacia y de un exacto conocimiento de los hechos puestos de manifiesto", han indicado desde el Consistorio.

El primer edil, en su función de "velar por el interés de los ciudadanos y del erario público y atajar cualquier comportamiento anómalo que suscite sospechas sobre el buen funcionamiento de la Administración", ha solicitado cautela ante la investigación, "que habrá de concluir con la depuración de las correspondientes responsabilidades administrativas y, en su caso, civiles y penales", ha concluido.

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