El borrador de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) trasladado por el Gobierno a los sindicatos contempla que ningún empleado municipal cobre más de 70.000 euros brutos anuales, al mismo tiempo que eleva hasta los 20.000 euros el salario mínimo anual.
El establecimiento de estos topes salariales se traduce en una reducción media de los sueldos del 11,59 por ciento, lo que equivale a un ahorro anual de unos 10 millones de euros. El recorte salarial no afectará en caso a los trabajadores que perciben menos de 25.000 euros brutos anuales.
La alcaldesa, María José García-Pelayo, explicó que la propuesta trasladada a los sindicatos en la Mesa General de Negociación persigue “organizar y racionalizar” los salarios que percibe la plantilla de trabajadores, “conforme a los criterios que marca la ley, el sentido común y la lógica” y atendiendo a principios de “solidaridad y justicia”.
La regidora explicó igualmente que las productividades “se irán eliminando” en el momento en que los afectados se vayan adscribiendo a los puestos de trabajo una vez aprobada la RPT, ofreciéndose a estas personas “un periodo de transición” para que puedan presentarse al concurso de méritos.
Las actuales productividades se eliminarán una vez culmine el proceso de adscripción a los puestos de trabajo, ya que “deben dejar de ser un instrumento de control, de manipulación o político al servicio del Gobierno de turno”. Por ese motivo, en adelante se regulará la concesión de productividades a través de un reglamento que garantice que quien las perciba lo haga “en base a criterios profesionales”.
Una vez que se apruebe la RPT comenzará el periodo de adscripción a los distintos puestos de trabajo, que se prolongará por espacio de dos a tres meses. Este proceso de adscripción persigue eliminar “las arbitrariedades de etapas pasadas, con criterios basados en el concurso de méritos y con la mayor transparencia”.
Este proceso se regirá mediante un reglamento en el que se está trabajando y que contemplará la libre designación y el concurso de méritos. Los directores de servicio y coordinadores generales se nombrarán mediante libre designación, pero con publicidad y procedimientos de selección. Sólo podrán ocupar estos puestos quienes pertenezcan al denominado grupo A. Los jefes de departamento deberán superar un concurso de méritos.