El PSOE de Huelva ha exigido al Gobierno central que "retire" el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que, entre otras cosas, implanta el copago farmacéutico entre los pensionistas, ya que, en su opinión, obligará a "muchos enfermos" crónicos a "reducir o abandonar sus tratamientos" ante el coste que tendrán que asumir.
En concreto, el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, se ha referido a los "casi 5.000" enfermos crónicos que existen en la provincia, que, en su opinión, se ven "castigados" por esta medida, ya que "tendrán que pagar un 50 por ciento" de sus medicinas.
A modo de ejemplos, el dirigente socialista ha señalado que un enfermo de Hepatitis C que recibe un tratamiento que cuesta unos 2.500 euros al mes tendrá que pagar 1.250 euros mensuales, mientras que los que tengan psoriasis "pagarán la mitad de un tratamiento que oscila entre los 800 y 1.000 euros mensuales".
Además, el también parlamentario andaluz ha criticado que a partir de esta medida haya que pagar por el transporte sanitario no urgente, algo que, a su juicio, va a "incidir en pacientes que acuden con regularidad a sesiones en casos como la hemodiálisis, rehabilitación o terapias contra el cáncer".
Nada más que en la provincia onubense, ha señalado, hay "más de 300 enfermos renales que acuden a los cuatro centros de Huelva entre tres y cuatro veces por semana, y con esta reforma sanitaria pagarán su transporte para recibir este tratamiento vital, lo que les va a costar al año entre 1.300 y 7.800 euros". Asimismo, "las personas que reciben rehabilitación por accidentes cerebro-vasculares pagarán para prótesis y transporte entre 1.500 y 9.300 euros cada seis meses".
Por otro lado, Ferrera, que ha valorado que la Junta de Andalucía haya recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) esta medida porque "no garantiza el derecho a la protección de la salud a los colectivos más desfavorecidos e invade competencias autonómicas", ha asegurado que "muchos jóvenes onubenses a partir de 26 años que nunca hayan cotizado tendrán que demostrar un nivel de renta mínimo para poder acceder a la sanidad pública", a la vez que ha alertado de que "los 5.000 inmigrantes 'sin papeles' que residen en la provincia tampoco tendrán derecho a la salud".
Por todo ello, el secretario de Organización de los socialistas onubenses ha tachado de "injusta" la norma, y de "ilegales e inhumanos" los "recortes de la derecha", por los que ha mostrado su "rechazo más profundo".
En contraposición a ellos ha querido destacar la "actitud responsable" que, a su juicio, ha protagonizado el Gobierno andaluz al "evitar que los 50.000 pensionistas de la provincia tengan que adelantar el pago del diez por ciento de sus medicamentos". "Esta es la diferencia entre una derecha cómplice de las injusticias sociales y un Gobierno de izquierda que lucha para ayudar a los andaluces", ha concluido.
