Después de estudiar y analizar el borrador de convenio remitido por la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) de Costa Ballena al Ayuntamiento; el primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, ha explicado que dicho borrador "no cuenta con la validez jurídica y legal necesarias para garantizar los servicios en el complejo turístico y residencial, al tiempo que generaría aún más inseguridad jurídica a los propios comuneros dejándolos en una situación de indefensión".
Desde el Ayuntamiento de Rota, "está claro que los intereses de los ciudadanos y en este caso de Costa Ballena están por encima de todo". Por este motivo, no están dispuestos a "entrar en el juego que propone el consejo rector de la entidad", presidido por Francisca Rodríguez García, el cual hasta la fecha, tal y como explica el primer teniente de alcalde, "no está garantizando los servicios por los que los comuneros le pagan".
Para Lorenzo Sánchez Alonso, “el Ayuntamiento no está dispuesto a aceptar las imposiciones de un consejo rector que no sólo no ofrece garantías sino que además, con la manera que tiene de hacer las cosas, está provocando graves perjuicios al resort, a los trabajadores, al Ayuntamiento y a los vecinos que serán los que tengan que pagar finalmente, todos los errores que están cometiendo ellos”. La EUC de Costa Ballena, según ha informado el primer teniente de alcalde, tiene una deuda acumulada y pendiente de pago de más de 1 millón de euros con las empresas de seguridad y vigilancia, que Sánchez Alonso considera que "acabará repercutiendo sobre todos los vecinos del complejo, como otros muchas que no han aparecido todavía pero que irán surgiendo".
Lorenzo Sánchez Alonso ha explicado que desde el equipo de Gobierno son dos las posibles vías de actuación para dar una solución a la actual situación que padece Costa Ballena. En este sentido, el Ayuntamiento apuesta por continuar con el rescate parcial del complejo turístico y residencial hasta que se completen los servicios obligatorios. De este modo, se seguirían rescatando aquellos servicios básicos y necesarios para el funcionamiento de calidad de Costa Ballena y que los propios vecinos quieran mantener. Este ha sido el caso del alumbrado público y del tratamiento terciario del agua. Unos servicios que ha asumido y sufraga el Ayuntamiento, sin que ello haya tenido una repercusión directa en las cuotas que pagan los vecinos del complejo, ya que la EUC no ha descontado este gasto de las mismas.
La otra solución sería la que plantearon los propios vecinos en asamblea general y que consiste en que el consejo rector de la EUC eleve el expediente de disolución a la asamblea para que sean los vecinos los que lo aprueben.
