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Gibraltar pide a Londres que actúe tras la "incursión" de la Guardia Civil

El alcalde de Algeciras, el popular José Ignacio Landaluce, ha aclarado en un comunicado que la embarcación de recreo estaba pescando atún rojo, lo que está prohibido por la Unión Europea

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El Gobierno de Gibraltar ha denunciado hoy que la Guardia Civil ha interceptado en aguas de la Bahía de Algeciras una embarcación de pesca gibraltareña, una incursión que define de "ilegal" y que le ha llevado a pedir al Reino Unido que actúe "no simplemente con protestas escritas".

El incidente ocurrió el pasado viernes cuando, según ha explicado el gobierno de Gibraltar en un comunicado, "funcionarios de la Guardia Civil, a bordo de la embarcación de Río Ceden, abordaron y tomaron el control de un barco en aguas territoriales de Gibraltar y, a continuación trasladaron a sus ocupantes al puerto de Algeciras a gran velocidad y sin luces de navegación".

El alcalde de Algeciras, el popular José Ignacio Landaluce, ha aclarado en un comunicado que la embarcación de recreo estaba pescando atún rojo, lo que está prohibido por la Unión Europea.

Según el alcalde popular, la Guardia Civil "pidió a la embarcación gibraltareña que les acompañasen a las dependencias del Instituto Armado en el puerto de Algeciras", donde, después de mostrar la documentación, les fue impuesta una sanción administrativa, tras lo que la embarcación volvió a su base, en el puerto de Gibraltar.

Fuentes de la Guardia Civil han ratificado a EFE esta versión, señalando que "es como si se hubiera puesto una sanción de tráfico, sólo que no se les puede parar en el arcén".

Pero para el Gobierno de Gibraltar la actuación de la Guardia Civil fue una "incursión ilegal", como en su opinión demuestra el hecho de que, según asegura, en la embarcación del instituto armado "incluso apagaron las luces de navegación" en "un intento de evitar ser detectados", lo que entiende como que los agentes sabían que "estaban actuando en aguas territoriales británicas de Gibraltar, en las que España no tienen jurisdicción".

Gibraltar asegura que los dos ocupantes, dos gibraltareños "ciudadanos británicos", fueron "ilegalmente detenidos" y que los agentes españoles confiscaron los equipos "perfectamente legales" que tenían a bordo del barco.

El Ejecutivo de Fabian Picardo asegura que estas incursiones de la Guardia Civil no tienen que ver con el conflicto pesquero ya que, según asegura, se vienen produciendo desde 2009, "independientemente de quien estuviera en el Gobierno de Gibraltar o en el de España", y que, en una ocasión, "incluso entraron en el puerto de Gibraltar y pisaron suelo gibraltareño".

En su comunicado el Gobierno gibraltareño dice que "ha llegado la hora para la acción, no de simples protestas por escrito entre Londres y Madrid" y hace un llamamiento a Reino Unido para que haga "valer su posición para defender la integridad territorial de Gibraltar, por todos los medios que tienen a su disposición de una forma razonable y mesurada, pero eficaz".

Ha anunciado también que establecerá una base naval en el lado este del Peñón, para uso policial y judicial, "no sólo para acciones como ésta de invasiones de nuestro mar territorial, que deben ser rechazadas por la Royal Navy, sino también para actos criminales de allanamiento y detención ilegal, que se encuentran entre los más graves conocidos por la ley".

Tras tener conocimiento de la posición de Gibraltar tras el incidente, José Ignacio Landaluce ha manifestado que "comunicados tan duros por parte del Gobierno gibraltareño no favorecen la convivencia y el buscar soluciones a los problemas entre ambos países".

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