Izquierda Unida ha vuelto a presentar una moción referente a los desahucios para que se debata en el próximo pleno ordinario del mes de septiembre.
Ya el pasado mes de febrero se aprobaba por unanimidad del arco plenario la moción presentada por la que se instaba al Gobierno de la nación a que aprobase una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos.
La Consejería de Fomento y Vivienda de la junta de Andalucía, cuya titular es Elena Cortés de Izquierda Unida, va a presentar una medida, llamada Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que se centrará en tres áreas: prevención, intermediación y protección. Para ello, la Consejería de Fomento y Vivienda va a ofrecer en las ocho provincias andaluzas un servicio público y gratuito encaminado a evitar los desahucios y, en caso de que se produzcan, revertir la injusticia y ofrecer soluciones tangibles a los desahucios.
Este servicio renuncia de entrada a la neutralidad y se sitúa junto a la víctima del desahucio, adoptando lo que en términos jurídicos se conoce como 'principio pro consumatore'. "En un momento en que el Gobierno impone brutales recortes sociales a los ciudadanos y las autonomías con una mano mientras con la otra riega de dinero público a las entidades financieras, la administración andaluza no puede asistir desde una posición de neutralidad al desahucio de una familia empobrecida por una crisis de la que precisamente su acreedor es, en buena medida, responsable", explican desde Izquierda Unida.
Pero para llevar a cabo este programa, señalan desde el partido, hay que contar necesariamente con la colaboración de los Ayuntamientos. En este sentido la moción presentada contempla plantear la exención del impuesto de plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda, en aquellos supuestos que la Ley lo permita; la revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y colaboración en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual; no poner ni un solo policía municipal a disposición de las órdenes de desahucio; interpelar a las entidades financieras que operan en la ciudad para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria; y colaboración de los servicios jurídicos del Ayuntamiento en todos los casos que lo requieran.
