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Jueves 04/07/2024  

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La Audiencia investiga un ataque israelí a Gaza en 2002

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares israelíes un delito contra la humanidad por un ataque ?desproporcionado? en la Franja de Gaza, el 22 de julio de 2002, en el que murieron un líder de Hamas y 14 civiles.

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  • El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. -
  • Imputan al ex ministro de Defensa de Israel y a seis militares por bombardeos
  • El ataque acabó con la vida del entonces líder de Hamas y de otros catorce civiles
  • El ministro de Exteriores, Moratinos, expresa su respeto por la decisión judicial
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares israelíes un delito contra la humanidad por un ataque “desproporcionado” en la Franja de Gaza, el 22 de julio de 2002, en el que murieron un líder de Hamas y catorce civiles. 

Andreu admite así a trámite la querella que interpuso el Centro Palestino para los Derechos Humanos por estos hechos: el lanzamiento desde un avión de combate israelí, un F-16, de una bomba de una tonelada en el barrio de Al Daraj contra la casa del dirigente de Hamas Salah Shehade, que se saldó con su muerte y la de catorce civiles –la mayoría niños y bebés– e hirió a 150 personas. 

Este ataque “contra la población civil”, según indica Andreu en el auto en el que admite la querella, “es producto de una acción que se adivina como claramente desproporcionada o excesiva” y advierte de que, “si en el curso de este procedimiento se prueba” que responde a “una estrategia preconcebida”, podría dar lugar a una calificación “más grave” de los hechos. 

En su resolución, Andreu acuerda cursar una comisión rogatoria a la Autoridad Nacional Palestina para poder desplazarse a la franja de Gaza a tomar declaración a los querellantes, testigos y víctimas de este ataque, y otra al Gobierno israelí para notificar este auto a los imputados, con el objeto de citarles para ser interrogados. 

Sin embargo, todo indica que Israel no colaborará, ya que, según explica el propio Andreu en su auto, la decisión de admitir la querella la ha adoptado tras “no haber recibido respuesta alguna a la solicitud formulada” al Estado de Israel sobre si se estaba investigando ya este ataque. 

Según Andreu, “a la vista” del relato de hechos de la querella, “nos encontraríamos ante la existencia de un ataque contra la población civil, ya de inicio ilegítimo”, que debe ser considerado “indiciariamente” como un delito contra la humanidad que puede ser investigado por la Justicia española en virtud del principio de jurisdicción universal. 

En el bombardeo, según la querella, la casa de Shedade fue alcanzada, pero también lo fue la ocupada por la familia Mattar, lo que causó la muerte a siete de sus miembros. 

En total fallecieron el líder de Hamas, su mujer, su hija y su guardaespaldas y otras once personas –la mayoría de ellos niños y bebés–, y 150 resultaron heridas, algunas con lesiones graves. 

Entre los imputados destacan, además del ex ministro de Defensa, su ex asesor militar, Michael Herzog, el ex jefe del Estado Mayor general Moshé Yaalón, y el comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes cuando se produjo el ataque, Dan Halutz. 

También figuran el general al mando del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa, Doron Almog, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad y Asesor Nacional de Seguridad, Giora Eiland, y el director del Servicio General de Seguridad, Abraham Dichter.

DECLARACIONES DE MORATINOS

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, expresó ayer su respeto por la decisión del juez Andreu. “La reacción del Gobierno español es respetar la Justicia, y vamos todos a trabajar para que sigamos ayudando a unos y a otros a construir la paz en la región”, afirmó el ministro en declaraciones a los periodistas en el Congreso. 

Fuentes de Exteriores han informado de que el ministro tiene intención de hablar con su colega israelí, Tzipi Livni, para comentarle la situación y el contexto de la resolución de la AN.

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