La asociación Mesa de la Ría ha presentado una moción para solicitar al Ayuntamiento que realice la resolución expresa sobre declaración de terrenos contaminados con el fin de que la empresa FCM Foret S.L. "no se vaya de Huelva sin descontaminar apropiadamente los terrenos públicos sobre los que asentó su actividad contaminante durante décadas", unas actuaciones cuyos costes defienden que deben ser asumidos por la empresa.
Según ha informado la asociación en un comunicado, esta petición llega tras anunciar Foret su "intención irrevocable de desmantelar la fábrica". Asimismo, el colectivo insta al Consistorio a que, previo informe urbanístico municipal sobre los usos previstos por el PGOU de Huelva, "que recogió e hizo suyos los acuerdos para la recuperación de la Avenida Francisco Montenegro de 1991", exija a Foret la redacción del programa de descontaminación de suelos, cuyos costes "deben ser abonados íntegramente por la empresa".
La Mesa de la Ría entiende que el Ayuntamiento debe "forzar" a la Consejería de Medio Ambiente en el expediente ambiental (AAI) en el plan de Vigilancia y Control a "integrar el programa de descontaminación de los suelos aun sin ejecutar, ya que todas las Administraciones deben remar en el mismo sentido, la correcta descontaminación de los terrenos".
Para el colectivo, resulta "obligado y de justicia el cumplimiento del principio de responsabilidad ambiental de quien contamina paga, y por tanto hay que requerir a Foret para que descontamine correctamente los suelos en función de los usos futuros que prevé el Plan General de Huelva y según consta en la legislación, éstos han de ser declarados expresamente contaminados".
De este modo, han insistido en que el Ayuntamiento está "obligado" a exigir que Foret "no se vaya de Huelva sin descontaminar apropiadamente los terrenos públicos sobre los que asentó su actividad contaminante durante décadas". Así, resaltan que el Consistorio "debe trabajar para que los costes de la descontaminación no recaigan en el erario público, consecuencia de la irresponsabilidad que ya realizan otras administraciones como la Junta de Andalucía y la Autoridad Portuaria".
