El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arcos de la Frontera ha llamado a declarar a los exconcejales socialistas Josefa Caro, Benito Huertas, Fernando Mancheño, Genoveva Medina, Rafael Barrios y Francisca Morales, así como al actual concejal del grupo socialista Joaquín Macías, a los que se les imputa un presunto delito de malversación, prevaricación y contra la ordenación del territorio.
La querella en cuestión fue planteada por el equipo de Gobierno PP-Ai-Pro hace tan sólo unos meses mediante un abogado externo que fue contratado en su día por el Ayuntamiento para resolver un expediente en torno a las viviendas irregulares del término municipal.
Los hechos que se le imputan a los mencionados exconcejales tienen su origen en la emisión de licencias de primera ocupación por parte del entonces delegado de Urbanismo, Joaquín Macías, a una serie de propietarios de la trasera de la barriada Juan Carlos I, donde el Ayuntamiento ejecutó con financiación de la Junta de Andalucía el vial que comunica el IES Guadalpeña con el puente de Angorrilla, pese a tratarse presuntamente de terrenos no urbanizables. Urbanismo emitió esas licencias a cambio de que los vecinos afectados accediesen al retranqueo de sus viviendas y, en algunos casos de sus parcelas, para permitir que la obra del vial se ejecutara sin problemas de espacio.
En cualquier caso, las viviendas y parcelas afectadas eran ilegales o irregulares, al encontrarse en una de las zonas con mayor protección del término municipal, no sólo por encontrarse junto al río Guadalete, sino por sus vistas a la peña de la ciudad, entre otros valores. De hecho, esas viviendas y parcelas no gozan de escrituras públicas.
Como curiosidad, entre los llamados a declarar no se encuentran los exconcejales Ana González y Eva Rosado, ni tampoco el actual concejal y secretario General socialista en Arcos, Isidoro Gambín, a pesar de que formaban parte del Gobierno, pero en el momento de concederse las licencias de ocupación no estaban presentes en la reunión de la junta de gobierno. No obstante, este tipo de licencias no tiene por qué firmarse durante una junta de gobierno local, sino que puede ser emitida directamente por la Delegación de Urbanismo, por lo que en este caso el exdelegado del área pudo arrastrar de sus compañeros en el gobierno municipal del anterior mandato.
El nuevo equipo de Gobierno interpuso la querella contra los exconcejales una vez que los vecinos fueron a reclamar al Ayuntamiento permisos para enganchar las viviendas a la red eléctrica o para solicitar un permiso de obras. Estos vecinos, con las licencias de ocupación que les concedió la anterior Delegación de Urbanismo, adquirieron una serie de derechos de forma ilegal, por lo que ahora el Ayuntamiento no les puede otorgar los permisos exigidos.
La imputación de los exconcejales por malversación podría tener su base en el uso de dinero público para la realización del vial entre el IES Guadalpeña y el puente de Angorrilla, una inversión que se situó alrededor del medio millón de euros.
