El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, estudiará recurrir a "los tribunales" y "actuará jurídicamente" contra la defensa de José Bretón, el presunto asesino de sus hijos, Ruth y José, en octubre de 2011, si la Dirección General de la Policía no actúa y "no toma medidas legales oportunas", tras el escrito de defensa en el que argumenta que los restos óseos hallados en la finca de Bretón en Las Quemadillas fueron sustituidos por "la presión mediática" y para "callar a la opinión pública con un hecho deleznable".
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la organización sindical, mientras que desde la Confederación Española de Policía (CEP) informan de que esperarán a los fundamentos que sustente la defensa en el juicio con jurado para ver si toman algún acción contra Sánchez de Puerta, en este caso "si ha acusado de manera no procedente", apostillan fuentes de dicho sindicato.
En concreto, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Andalucía, Manuel Expósito, ha manifestado que el derecho de defensa en el actual sistema jurídico "es muy amplio, pero ese derecho tiene límites y uno de ellos es injuriar o calumniar a otras personas u organizaciones", como entiende que "puede ocurrir en el caso que nos ocupa".
Al respecto, reconoce que "hubo un lamentable error", en alusión al primer informe policial que determinó que los restos óseos eran de animales, pero "de ahí a querer convertir a los agentes en cómplices del crimen de unos niños, dista un abismo" y ese, tal y como destaca, "es un terreno que no vamos a permitir que recorra nadie, ni el abogado defensor de Bretón".
En este sentido, Expósito subraya que "hay otras formas más profesionales y trabajadas para defender a un presunto asesino, que acusando a los policías", de manera que recuerda que "si la Dirección General de la Policía no toma medidas legales oportunas, el SUP estudiará si las lleva a cabo contra este abogado a través de los tribunales", pues, "las manifestaciones son irresponsables e incoherentes dentro de su derecho de defensa".
DUDAS DE QUE HAYA HABIDO MEDIDAS DE "PRESIÓN EXTERNA"
Por su parte, el secretario general de Andalucía Occidental de la CEP, Fernando Ramón Calderón, respeta las declaraciones "legítimas" de la parte acusada, pero subraya que "durante el juicio es donde se tiene que demostrar esa acusación que deriva hacia la Policía", en cuanto a que "supuestamente ha habido algún tipo de presión que haya vinculado a la misma a que de manera intencionada haya trasladado esos restos óseos", que son "pruebas importantes para el esclarecimiento de los hechos", como apunta.
En declaraciones a Europa Press, ha aclarado que "el lugar donde hay que debatir y demostrar es en el juicio", si bien duda "mucho" de que "los policías hayan recibido algún traslado de algo que ellos no entiendan que es legítimo para la investigación o se pueda sospechar que, por alguna medida de presión externa o colateral, hayan ejecutado esa acción para tratar de callar a la opinión pública".
Y es que, según resalta, "a la opinión pública se le calma haciendo una buena línea de investigación", de modo que "ya se han asumido errores que se han detectado, se van a actualizar todos los protocolos y va a ver un antes y un después con este caso", pero eso, a su entender, "no quiere decir que se señale a la Policía y al amparo de esto quieran anularlo todo".
De este modo, manifiesta que "los propios policías son independientes e imparciales" y "si el abogado tiene pruebas que lo demuestre en el juicio", tras concluir ya la fase de investigación en la que "está todo dicho".
Para Calderón, "la policía está acostumbrada a esto y más", citando para ello el caso de la sevillana Marta del Castillo o la onubense Mari Luz. "Tenemos bastante rodaje, y si hemos asumido que se han cometido supuestos errores, ya ha habido una reacción por parte de la Dirección General de la Policía", tal y como recuerda.
Al hilo de ello, asegura que en "equipos multidisciplinares", como la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), "es muy difícil que se lleve a efecto el hecho de que por presuntamente callar a la opinión pública un policía haga mal su trabajo". A su juicio, "se puede equivocar, pero hacerlo de manera intencionada no".
En cualquier caso, el sindicalista declara que "el abogado debe entender que su mayor defensa no puede ser el hecho de que supuestamente vincule a una acción policial o medida de presión para callar a la opinión pública, cuando la Policía en España es de primera y no es un país del tercer mundo".
Por todo ello, se muestra "asombrado" porque "un prestigioso abogado para poder defender a su cliente lo haga así", de manera que si no existen pruebas "tendrá que pedir disculpas", porque la Policía ha hecho "un trabajo honesto, ajustado a derecho y lo que se nos exige", según asevera el representante de la CEP.
