La Policía Nacional ha cesado en sus funciones al responsable en Sevilla de la Unidad Adscrita a los Juzgados, Rafael Salvador Moreno, y lo ha sustituido por el inspector Antonio José Chiappi Cáceres, según fuentes policiales y judiciales consultadas por Europa Press.
El ya exjefe de la Policía Judicial de Sevilla se encontraba en comisión de servicio y ha sido cesado en sus funciones por motivos que, hasta el momento, no han trascendido, siendo sustituido por el inspector Antonio José Chiappi, el cual se encontraba destinado en Sevilla.
El nombramiento del nuevo responsable de la Policía Judicial en Sevilla ya es oficial y únicamente se encuentra a la espera de que la Comisión Provincial de Policía Judicial de su visto bueno al mismo, lo que constituye un mero trámite antes de que se produzca el efectivo relevo en el puesto.
El cese de Rafael Salvador, del que se desconocen los motivos, se produce no obstante después de que, en el mes de junio de 2011, la juez de Sevilla Mercedes Alaya decidiera sustituir a la Policía Judicial por la Guardia Civil en la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta.
Así, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, actualmente de baja por enfermedad, decidió que la Policía Judicial, dirigida en ese momento por Rafael Salvador, dejara de investigar las presuntas irregularidades cometidas en numerosos ERE, asignándole esta tarea a la Unidad Central Operativa (UCO) de Policía Judicial de la Guardia Civil.
La juez Mercedes Alaya tomó esta decisión argumentando para ello que el Instituto Armado cuenta con una mayor dotación de medios para hacer frente a la investigación.
Tras ello, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) pidió a la magistrada que "reconsiderara" su "injusta" y "desproporcionada" decisión, señalando que ésta "se apoya en hechos que en absoluto se corresponden con la verdad" y que la medida "contiene una gran carga de profundidad que hunde sus raíces en el prestigio del Cuerpo Nacional de Policía".
Por ello, solicitó al Ministerio del Interior que pusiera "de inmediato" a disposición de la investigación del caso "todos los medios técnicos y especializados sin excusa o pretexto alguno". "Si la Dirección General de la Policía no ha llegado a poner todos esos medios a disposición de la investigación, en pura coherencia judicial se ha debido al mismo tiempo imputar al responsable político por obstrucción a la Justicia, y no se ha hecho", sentenció.
