El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, se refirió ayer a la necesidad de consensuar una posible respuesta uniforme respecto a la tramitación de determinados desahucios tras el fallo del Tribunal Europeo que cuestionaba la legalidad de la normativa en España.
Del Río, que ha presentado la memoria anual de alto tribunal andaluz en Granada, ha avanzado que algunas Juntas de Jueces y presidentes de Audiencias ya se han reunido para buscar una solución “lo más igualitaria posible”.
Al respecto, ha advertido sobre la importancia de consensuar, especialmente en el ejercicio de la jurisdicción civil, una posible respuesta uniforme dentro del territorio, respetando al mismo tiempo la independencia de cada juez a la hora de dictar resoluciones.
En este sentido, ha hecho referencia a los supuestos de posibles cláusulas abusivas, la introducción de la contradicción procesal que recoge la sentencia del Tribunal de la Unión Europea y posibles suspensiones de acuerdo con la nueva normativa que ya existe para los supuesto de personas especialmente vulnerables. Según la memoria del TSJA, durante 2012 aumentaron en torno a un 40 % en Andalucía las diligencias de lanzamiento y se encontraban pendientes de llevar a cabo a final del año más de 1.800 lanzamientos, cifra a la que deben sumarse aquellos que se ejecutaron de forma parcial o con resultado negativo, lo que situaría el total de la pendencia en torno a los 7.000 lanzamientos.
Esos datos estadísticos no permiten diferenciar, no obstante, los lanzamientos que se produjeron en procesos de ejecución hipotecaria sobre vivienda habitual de aquellos por razones económicas de distinta índole distinta o que se acordaron en un marco procesal distinto al de la ejecución hipotecaria. Respecto a este último aspecto, el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en 2012 en Andalucía ascendió a 17.914, un 10 % más que en el año anterior, y se resolvieron 13.822, lo que supuso un 14 % más que en 2011.
Otra de las consecuencias de la crisis económica y social y su reflejo en la justicia se registra en la constante “sangría” de despedidos, según ha señalado Del Río. Las reclamaciones de esta naturaleza aumentaron aproximadamente un 24 % respecto al año anterior, aunque no se generaron cotas de morosidad que puedan considerarse “muy preocupantes” y, reflejo de ello, es que los embargos descendieron en todas las provincias andaluzas, con excepción de Cádiz, donde subieron un 40 %.
Por el contrario, los concursos de acreedores sí experimentaron un aumento generalizado en las ocho provincias andaluzas, con especial significación cuantitativa en Sevilla. Por otra parte, el presidente del TSJA se ha referido a la incidencia de la conocida como Ley de Tasas judiciales y ha declarado que el hecho de que, en el diseño legal vigente, no resulten de aplicación en la jurisdicción penal puede resultar problemático.
“Ello puede determinar, sin duda, una mayor proliferación de denuncias y querellas criminales, ante la expectativa de exención del pago de la tasa que esa misma reclamación en el orden civil devengaría. Se empieza hablar de la tasa y su efecto de huida hacia el derecho penal”, subraya.
En cuanto a la corrupción y el blanqueo, ha asegurado que parecen haberse instalado en el día a día de la agenda judicial y que es “imprescindible” que no queden impunes, ya que será la única forma de asegurar el futuro como Estado democrático, social y de derecho.
