El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha apostado por que el superávit de la institución provincial de 2012, que ronda los 40 millones sea gestionado directamente por los municipios en un 80 por ciento, mientras que el 20 por ciento irá a acciones provincializadas. Así, la distribución por los pueblos de la cuantía se realizaría de acuerdo a una fórmula en la que se tienen en cuenta el número de habitantes y de desempleados, entre otros.
En una entrevista concedida a Europa Press, Villalobos explica que estos 40 millones se apuesta por focalizarlos además en complementar las ayudas a los dependientes. "No se le exige al Gobierno nada excepcional, sino que los fondos que se han conseguido ahorrar o gestionar bien, porque es un superávit, que se permita que se gaste en lo que decida el organismo de forma razonable", recalca.
Recuerda que el gobierno está tramitando la modificación de un artículo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permitirá que las Administraciones empleen ese superávit en inversiones "sostenibles", es decir, que se ejecutan y no provocan después gastos de estructura, como acondicionamiento de viales de los pueblos, mejora de residuos sólidos o modificaciones en luminarias.
Sin embargo, Villalobos aboga por ampliar esos objetivos a lo que "están pidiendo los alcaldes". Si finalmente no es aceptada esta propuesta por el Gobierno, la Diputación ya ha elaborado un boceto de lo que puede ser ese programa provincial de inversiones "sostenibles", algo ante lo que alerta de que cuando esa tramitación de la modificación llegue a su finalización será octubre, "por lo que esas cantidades no se podrán invertir en 2013 por falta de tiempo".
"EL ATAQUE MÁS IMPORTANTE DESDE LA TRANSICIÓN"
En cuanto a la reforma de las administraciones locales, ha alertado de que "mutila" la autonomía municipal y espera que en la tramitación haya posibilidades de enmendarla. Recuerda que desde la Diputación se lleva "casi medio año" denunciando "lo que al final ha sucedido, el que se empieza con un borrador que se entrega a los partidos políticos y después ha sufrido hasta 15 modificaciones". "Denunciamos que se producía un ataque a la democracia y al Estado de Derecho más importante desde la Transición hasta la actualidad", insiste.
Así, advierte de que había un estudio "estratégico desde el principio un tanto manipulado" que apuntaba a la mala gestión de los ayuntamientos y, especialmente, de los pequeños, algo que "se desmontó cuando se analizó esta mentira", insistiendo en que era "una estrategia para cubrir lo que había debajo de la mesa", donde menciona posicionamientos como el de "Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla y presidente del PP-A, que asegura que hay que enmendar la reforma".
PARA ELIMINAR SOLAPAMIENTOS "NO HACE FALTA UNA LEY"
"Es una ley que no hay por donde cogerla", recalca, indicando que si existe solapamiento en materias que se defina y se lleve a cabo, para lo que "no es necesario hacer una ley". Sin embargo, recalca que la norma pretende "poner una serie de obstáculos para que el último sólo se pueda saltar si se contrata el servicio con una empresa privada", algo ante lo que deja claro que los servicios, como la basura o el agua, se gestionan "mejor desde lo público, ya que el margen de beneficios se revierte en mejoras".
A pesar de todo esto, insiste en que la norma "aún se puede enmendar" durante su tramitación, de forma parcial o total, y recalca que no está "en contra" de reformar la administración local, pero sí de este modo que plantea el Gobierno de Mariano Rajoy. "No funcionamos como un reloj y hay que mejorar cosas, pero no así", sentencia.
Indica que se ha retirado lo "más escandaloso" que era el denominado 'coste estándar' después de que el Consejo de Estado "haya dicho que roza la inconstitucionalidad, algo que ha cambiado por el 'coste efectivo', donde dice que el servicio lo tiene que soportar la espalda del ciudadano", mientras que actualmente estos servicios pueden ser subvencionados por las Administraciones. "Es una lástima que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) esté en el estado que se encuentra y su homóloga española, FEMP, esté tan condicionada por el gobierno del PP", añade.
