La Diputación de Granada ha impulsado un grupo de medidas encaminadas a facilitar a pequeños y medianos empresarios la contratación con la administración provincial. La reducción de trámites administrativos y el aplazamiento del cinco por ciento del importe de la obra que se cobra como garantía inicial son dos de las principales iniciativas presentadas este jueves por la diputada provincial de Economía, Contratación y Patrimonio, Inmaculada Hernández, que ha detallado en rueda de prensa las novedades legales de los procesos de contratación en la Institución.
La puesta en marcha de la ley de emprendedores del Gobierno de la Nación ha supuesto una mejora de las condiciones que tienen las pymes que quieran contratar con la administración pública. En este sentido, se sube el umbral del importe del contrato por encima del cual se exige calificación empresarial a aquellas empresas que opten a concursar en las mesas de contratación públicas. Para obras, este umbral se queda en 500.000 euros cuando antes estaba en 350.000, y para la prestación de servicios se aumenta desde 120.000 a 200.000 euros.
"Son muchos los no podían contratar por no tener esa calificación empresarial" mientras que con la nueva ley se consigue "facilitar a muchos empresarios que puedan trabajar con la Diputación cuando antes no podían", ha explicado Inmaculada Hernández
Además de esta medida de aplicación directa a todos los niveles de la administración, el nuevo texto legal deja a la elección de las administraciones una serie de medidas que la Diputación de Granada ya ha aplicado pues "utilizamos todas las herramientas a nuestra disposición para lograr el objetivo de que los emprendedores y las PYMES puedan contratar con la administración provincial", ha remarcado la diputada de Contratación.
Así, la Diputación ha puesto en marcha una drástica reducción de los trámites administrativos de aquellos que se presenten a concursos públicos quienes en vez de adjuntar toda la documentación que hasta ahora se exigía tendrán simplemente que presentar una declaración responsable que se adjuntará en el anexo que acompañará a todos los pliegos de contratación de la Diputación. Solo el ganador del concurso tendrá que verificar estos datos con lo que ello supone de simplificación de trámites para el empresario y de ahorro de coste y tiempo en las resoluciones de los técnicos y funcionarios que componen las mesas de contratación.
"El licitador tenía que traer la escritura, los DNI, la justificación de la solvencia técnica y económica mientras que ahora nos basta con la declaración responsable de que cumple con todos esos requisitos", ha resumido la diputada que ha añadido que al empresario "que se la adjudica finalmente el contrato se le requerirá toda esa documentación" evitando plazos de subsanación de los frecuentes fallos burocráticos que se han dado hasta ahora en el inicio de estos procesos de contratación.
A su vez, el aval del 5 por ciento del importe total del servicio que se va a prestar exigido en concepto de garantía no tendrá que ser depositado por el empresario al inicio del proyecto sino que se le detraerá de la primera certificación o factura que la Diputación emita por la prestación de dicho servicio. Según ha detallado Inmaculada Hernández, el empresario solía tener que recurrir para este aval a una "fianza, ayuda bancaria o seguro de caución que también se elimina" ahorrándole "unos costes financieros altísimos", vitales en el caso de jóvenes empresarios.
También se establecerán penalizaciones para aquellas empresas que no paguen a sus subcontratistas una vez que reciban el pago de la Diputación.
"Una de las principales fórmulas de este equipo de Gobierno para generar empleo es no destruir el que ya existe trasladando los problemas de Tesorería de la administración pública a las empresas", ha recordado Hernández que ha enfatizado que "de hecho pagamos en veinte días a nuestros proveedores" en cumplimiento de la ley a lo que ahora se suma, en materia de Contratación, que "la misma responsabilidad que nosotros tenemos a la hora de pagar se la vamos a trasladar al licitador" introduciendo "una serie de penalizaciones para aquellos licitadores que cobrando de la Diputación no le paguen a sus proveedores".
