La delegada municipal de Patrimonio, Úrsula Ruíz, lamentó la postura adoptada por el PSOE respecto a la cesión de un inmueble municipal a unafundación sin ánimo de lucro con el objetivo de fomentar y facilitar elacceso al mundo laboral de las personas con discapacidad.
Esta medida municipal que se llevará a efecto tras el traslado del Centro de Interpretación Parlamentaria (CIP) al Museo Histórico persigue continuar desarrollando las políticas de igualdad y accesibilidad puestas en marcha al comienzo del actual mandato corporativo y que cuentan con el mandato expreso del alcalde isleño José Loaiza.
Para Ruíz es inconcebible que los socialistas escuden su negativa a que la Fundación ‘Integralia’, una entidad de reconocido prestigio en el mundo de la integración social, pueda contar para su labor con el inmueble de Serrano 11, en la permanencia en el mismo del CIP. “Es una muestra más del doble lenguaje del PSOE de San Fernando. Un ejemplo del engaño al que someten a la ciudadanía”, afirma y basa su acusación en hechos concretos.
Úrsula Ruíz recordó las declaraciones realizadas por la actual portavoz socialista, Patricia Cavada, en agosto pasado y en las que solicitaba, curiosamente, al Gobierno local el traslado del CIP –“al que ahora se oponen”- a otras dependencias municipales.
Con ello “el PSOE demuestra que está ejecutando una política contraria a los intereses generales de San Fernando y, lo que es más sangrante, negándole a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad su posibilidad de normalización. Van contra los isleños y no les importa cambiar de criterio de manera arbitraria, como han hecho con el traslado del CIP: antes era necesario llevarlo a otra dependencia, ahora que lo vamos a hacer es una mudanza injustificada”.
Otra prueba palpable de la denuncia de la edil del PP lo conforma el diseño propuesto por el Gobierno de Loaiza para ‘Janer’. “El PSOE en su programa electoral de 2011 pedía para aquellos terrenos la construcción de un hotel y una estación de transportes; ahora que parte de la zona se va a dedicar precisamente a uso hotelero y una estación intermodal se oponen a ambos proyectos”, afirma.
Ante ello Ruíz aseguró que esa manera de actuar “es impropia de quienes actúan como representantes públicos, garantes de los derechos ciudadanos e impropio de concejales de este Ayuntamiento”.