Javier Serrano e Irene Mejías son los padres de Adriana, una niña de nueve años que nació con microcefalia, un trastorno neurológico que afecta al desarrollo psicomotor y el habla, que estudia segundo de Primaria en el CEIP Guadaluz de Guadalcacín, pedanía en la que residen. Su hermana melliza no sufre ninguna discapacidad y va a un curso superior, pero las dos, junto con la más pequeña de las tres y sus amigas son inseparables y juegan en el recreo de su colegio cada día. La pequeña Adriana está perfectamente integrada con sus compañeros. “Allí la conocen todo el mundo, los mayores y los pequeños”, señalan. Sin embargo, sus padres se enfrentan a una tesitura que están intentando combatir desde hace años. Aunque el colegio es relativamente joven, pues se inauguró hace apenas unos cuatro o cinco años, carece de un aula específica para atender a alumnos con discapacidad, y en su clase el profesor ya les ha advertido de que al estar con 24 niños más a su hija no se le puede atender como se debiera por su situación especial más allá del monitor de apoyo o el logopeda que hay para todos los alumnos del centro.
Por esta razón, desde la dirección llevan años proponiéndole que escolaricen a Adriana en otros colegios con aulas específicas fuera de Guadalcacín –en el otro centro que hay tampoco existe esta clase- como es el CEIP La Marquesa, o al centro de educación especial Nuestra Señora de La Merced. Hace sólo unos días la directora volvió a reunirlos para planteárselo, pero sus padres se niegan en redondo. “Para mí lo que están haciendo es exiliarla, discriminándola, porque la quieren quitar de su colegio, de su entorno porque no son capaces de crear un aula específica”, denuncia su padre, que no entiende cómo estas circunstancias pueden darse en un centro que presume de “integración”. Les consta que entre los dos únicos colegios que hay en la pedanía hay más de 10 niños con discapacidad sin contar los que ya se han trasladado a otros de Jerez con clases de educación especial, por lo que no entienden por qué no puede habilitarse este recurso cuando, como denuncian, por ley se exige que haya cuatro o cinco niños como su pequeña para tener esta herramienta.
Sin respuesta de la Junta
Tienen claro que si bien es contraproducente para su desarrollo que a la niña no se le esté prestando una asistencia especial, lo es todavía más que se la separe de su entorno en cuanto a la desmotivación y a los perjuicios que esto podría acarrearle. “El año pasado la llevamos dos días al centro especial de La Merced y la tuvimos que quitar porque allí había mayores de 18 años con autismo o otras discapacidades que no tiene mi hija, y a ella lo que hay es que motivarla”. Javier, su padre, es más tajante en su discurso. Antes que enviarla a otro colegio, la desescolariza, aun consciente de que su postura le podría acarrear problemas legales. “Me podrán denunciar pero la saco del colegio, lo que no voy a consentir es algo que sea negativo para ella”, afirma.
Como relatan, mientras que en el colegio “no se han movido” para que se habilite esta aula, tampoco han encontrado respaldo por parte de la Delegación territorial de Educación. El pasado mayo tras contactar con la parlamentaria socialista Mamen Sánchez y reunirse también con la alcaldesa de Guadalcacín, enviaron una carta explicándoles al tema a la titular de la delegación provincial de Educación, Cristina Saucedo, de la que ni siquiera han tenido respuesta. Aún así, no piensan tirar la toalla.
