El pleno de la Diputación de Sevilla correspondiente al mes de abril, a celebrar la próxima semana, debatirá una moción del Grupo socialista que avisa de que el anteproyecto de ley destinado a reformar el Poder Judicial implica, como se temía, la desaparición de once partidos judiciales en la provincia de Sevilla, cuyas 15 demarcaciones quedarían reducidas a cuatro con la consiguiente unificación de plantillas y recursos. La moción señala el impacto de esta medida sobre la socioeconomía de los municipios cabeza de partido y reclama la continuidad de "la demarcación y planta judicial vinculada a los territorios".
La moción, recogida por Europa Press, examina el controvertido anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, avisando de que dicho texto, aún pendiente de todo su correspondiente trámite parlamentario, contempla la "desaparición de los partidos judiciales en favor de un tribunal provincial de instancia", extremo por cierto, como bien rememora la propuesta, que figuraba ya en un polémico estudio destinado a la reforma de la actual Ley de Demarcación y Planta.
La propuesta de los socialistas reconoce que el anteproyecto de ley admite la posibilidad de mantener "sedes desconcentradas", aunque avisa de que el espíritu general de la reforma no es otro que "la concentración en una sede de todos los efectivos judiciales", algo que los socialistas identifican con "un principio claro de recentralización".
MENOS PARTIDOS JUDICIALES
"Aplicando los criterios de la propuesta para reformar la ley de Demarcación y Planta, en la provincia de Sevilla el número de demarcaciones pasaría de las 15 actuales a cuatro al englobarse Sevilla, Sanlúcar la Mayor y Coria; Osuna, Estepa, Marchena y Morón; Carmona, Écija, Lora y Cazalla; y Dos Hermanas, Lebrija, Utrera y Alcalá de Guadaíra. Ello supondría el alejamiento de la justicia para millón y medio sevillanos, además de lesionar un derecho democrático y fundamental", avisan los socialistas señalando que una reforma de esta naturaleza implica "un considerable perjuicio para los vecinos", toda vez que "los municipios cuyos partidos judiciales se suprimen tendrán el coste añadido de la reducción de su actividad económica por el movimiento que genera en esas poblaciones la propia existencia de los juzgados".
"Centenares de funcionarios de la Administración de Justicia tendrían que trasladarse con carácter forzoso a las poblaciones donde se ubiquen las nuevas sedes judiciales o perderán sus puestos de trabajo, y ello sin contar la pérdida de los empleos indirectos que generan la implantación de las sedes judiciales en estos municipios", expone la moción, que a tal efecto reclama al Estado que renuncie a la "eliminación de los partidos judiciales y "se mantenga la demarcación y planta vinculada a los territorios, con los partidos judiciales como estructura territorial de los tribunales provinciales de instancia".
