La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente aprobó el pasado año el Decreto 2/2012 con el objetivo de que los ayuntamientos puedan regularizar las edificaciones existentes en suelo no urbanizable y facilitar el acceso a los servicios básicos de luz, agua y saneamiento a aquellas edificaciones que tengan el carácter de aisladas. El Ayuntamiento de Chiclana, haciendo uso de este decreto, ha presentado ante la Junta de Andalucía el Avance para la delimitación de asentamientos en suelo no urbanizable si bien la Administración regional acaba de informarle de que dicho documento contradice al propio Plan General de Ordenación Urbana que ellos mismos están tramitando. Cabe destacar que el informe desfavorable que acaba de emitir la Junta no es vinculante y que el documento de Avance se tramita como una ordenanza municipal
Mediante el avance de planeamiento el Ayuntamiento de Chiclana ha delimitado un total de 28 asentamientos urbanísticos que suman 3.500 viviendas. El informe realizado por la Consejería de Medio Ambiente sobre dicho documento advierte al Consistorio de que la concurrencia en el municipio de Chiclana de la tramitación de la revisión del PGOU y del Avance obliga a que los criterios en uno y otro documento sean idénticos, ya que desde la desde la aprobación del Decreto 2/2012 es obligatorio que los planes generales contengan la delimitación de los asentamientos urbanísticos.
El informe de la Junta de Andalucía pone de manifiesto que no existe correspondencia entre las áreas suburbanizadas identificadas en la revisión del PGOU y los asentamientos identificados en el Avance. Es por ello que la Junta entiende que la aprobación del Avance, en los términos en los que viene formulado por el ayuntamiento, supondría un impedimento para el desarrollo de las previsiones que el propio ayuntamiento propone en el plan general.
El Decreto 2/2012 elaborado por la Junta parte de la base de que con la integración de los asentamientos al planeamiento urbanístico se está resolviendo un problema de orden territorial, social y ambiental, cuyo coste de regularización corresponde a los propietarios, a través de los mecanismos de gestión urbanística que el PGOU establezca para cada ámbito homogéneo. El acceso a los servicios de forma individual para aquellas edificaciones que el ayuntamiento de Chiclana prevé incluir en suelo urbano, impide el desarrollo del modelo propuesto en el PGOU, y la quiebra del sistema de distribución equitativa de los costes del planeamiento.
Correcciones ambientales al PGOU
Por otra parte la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha emitido un informe previo de valoración ambiental en el que señala las correcciones que debe incorporar el Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana. Dicho informe se ha emitido un mes y medio antes de lo estipulado en los plazos con objeto de facilitar al consistorio la incorporación de las correcciones y la agilización de todo el procedimiento.
Entre las consideraciones ambientales más importantes que tendrá que recoger el Ayuntamiento de Chiclana destaca el hecho de que no se haya reflejado en el planeamiento municipal la realidad jurídico-administrativa de las vías pecuarias. Esta es la deficiencia más importante detectada seguida de otras como la necesidad de realizar mejoras en el estudio predictivo de ruidos para prevenir incidencias negativas acústicas en desarrollos urbanísticos futuros, la falta de precisión a la hora de delimitar espacios naturales importantes o detallar la incidencia en el Parque Natural de la futura Ronda Oeste.
Todas estas apreciaciones deberán ser corregidas en el Estudio de Impacto Ambiental de cara a que el siguiente Informe de Valoración Ambiental sea viable. Con la finalidad de facilitar el trabajo del Ayuntamiento y colaborar en la resolución de las deficiencias detectadas, la Junta de Andalucía ha solicitado al Ayuntamiento una reunión técnica.
Chiclana
El avance de suelo no urbanizable choca con el PGOU
La Junta advierte al Ayuntamiento chiclanero de esta situación señalando que las áreas suburbanizadas recogidas en ambos documentos no se corresponden, lo que supondrían un freno al propio Plan General del municipio.
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