En pleno mes de agosto, y después de una importante presión política y ciudadana, el equipo de gobierno, del PP, forzó a la empresa concesionaria del agua, Aqualia, a que cesara en el envío de cartas a los clientes donde se informaba acerca de novedades o sobre otros servicios municipales no relacionados con el ciclo integral del agua.
Tanto la federación vecinal Objetivos Comunes (OCO) como varias asociaciones de consumidores enviaron una carta al Ayuntamiento y a Aqualia pidiendo explicaciones por estas cartas, donde se pedía el consentimiento de los clientes para la utilización de sus datos personales. Sin embargo, ante el silencio municipal los colectivos vecinales y de consumidores han anunciado su intención de dirigirse a la Agencia de Protección de Datos para que abra expediente sancionador contra Aqualia.
Lo ha confirmado la presidenta de OCO, María Cantos, tras recordar que esas cartas se enviaron sin el consentimiento expreso de los clientes y con la permisividad del propio Ayuntamiento. Según admitió en su día el edil de Hacienda, Miguel Contreras, fueron 12.000 las cartas que se llegaron a enviar a otros tantos clientes, de los 60.000 contratos que tiene Aqualia en la ciudad.
Mientras tanto, la plataforma creada para protestar por el incremento de las tarifas del agua sigue recabando apoyos para incrementar la movilización social ante el Ayuntamiento. María Cantos ha señalado que este mes se van a redoblar los contactos informativos con las diferentes asociaciones de vecinos para que conozcan con detalles el incremento de tarifas aprobado por el Ayuntamiento antes del pasado verano. La intención, según añade Cantos, es la de continuar con las acciones de protesta, aunque aún no se han concretado. La plataforma está compuesta por la federación vecinal OCO, las asociaciones de consumidores UCE, Facua y Al-Andalus y los sindicatos UGT, CCOO y USO.
