La Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por Elena Cortés (IU-CA), y la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), perteneciente al Ayuntamiento hispalense, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), han suscrito un acuerdo gracias al cual la Administración andaluza ayudará a "abonar el alquiler" a los inquilinos que habiten inmuebles protegidos de dicha sociedad municipal, tengan bajos ingresos económicos y sufran "dificultades para afrontar el pago de las rentas" de alquiler.
En un comunicado, la Consejería ha informado de que Emvisesa y el departamento que dirige Elena Cortés han suscrito el convenio para destinar a familias de Sevilla fondos de la línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, impulsada en julio por la Consejería de Fomento y Vivienda con una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros.
La ayuda está destinada a familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), lo que supone unos 11.200 euros netos al año, y que tienen dificultades acreditadas para el abono del arrendamiento. La ayuda garantiza que el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar las rentas no supere el 25 por ciento de los ingresos familiares.
"La ayuda está además concebida para que los ayuntamientos, en este caso el de Sevilla, encuentren todas las facilidades para que sus viviendas vacías sean habitadas por familias en régimen de alquiler, en vez de mantenerse cerradas y en venta", ha señalado Granada Santos, delegada territorial de Fomento y Vivienda.
Los receptores deberán disponer de un informe, emitido por los servicios sociales que correspondan, donde se refleje la situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así como otras especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta.
Los miembros de la unidad familiar no podrán disponer de la titularidad o un derecho real de uso sobre ninguna otra vivienda. La subvención contribuirá al pago de las mensualidades correspondientes al año 2014, incluso en el caso de los contratos de arrendamiento ya existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta convocatoria.
TAMBIÉN ESTEPA
La delegada territorial de Fomento y Vivienda ha explicado que esta línea de ayudas pretende "garantizar mediante alquileres asequibles el derecho a la vivienda de las familias con menos ingresos, en un contexto de fuerte desempleo y precariedad laboral".
La Consejería establece para ello como requisito que las administraciones con competencia en materia de vivienda se conviertan en agentes colaboradores de la Junta mediante la firma del correspondiente acuerdo y puedan así gestionar estas subvenciones. Además del Ayuntamiento de Sevilla, también ha firmado el convenio para adherirse a esta línea de ayudas el Consistorio de Estepa, con lo que ya son siete los municipios de la provincia que lo han suscrito, contando con Mairena del Aljarafe, Carmona, Lebrija, San Juan de Aznalfarache y La Rinconada.
En toda Andalucía el número ayuntamientos asciende a 21 en las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Málaga, Huelva. El plazo para que los ayuntamientos se den de alta como entidades colaboradoras concluye el 1 de octubre.
Este programa de subvenciones contribuye a combatir el stock de viviendas protegidas de titularidad pública que aún se encuentran vacías en Andalucía, al permitir a las entidades que mantienen inmuebles cerrados darles uso mediante un alquiler social, ya que es la Junta de Andalucía la que completa la diferencia entre la renta estipulada y lo que el inquilino en situación de especial vulnerabilidad puede pagar. La medida también busca erradicar los desahucios en parques públicos de Andalucía pertenecientes a ayuntamientos o entes instrumentales por motivos de impago de alquiler, ya que las subvenciones van destinadas a ayudar a sufragar esas rentas a quienes no pueden afrontarlas.
Las administraciones públicas, los entes instrumentales dependientes de ellas y las personas jurídicas públicas con competencias en materia de vivienda, así como las entidades inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía que cuenten con declaración de utilidad pública podrán funcionar como entidades colaboradoras, siempre que tengan una bolsa de viviendas en alquiler de gestión propia destinadas a familias en situación de especial vulnerabilidad. Igualmente, deberán contar con los medios informáticos necesarios para la tramitación de estas ayudas a través del Registro Telemático Único de la Junta.
Serán dichas entidades colaboradoras las que informen sobre el cumplimiento de los requisitos de las personas solicitantes y presenten en su nombre la petición de ayudas, previa puntuación de sus condiciones y las de su unidad familiar a través de los medios y formularios facilitados por la Consejería que dirige Elena Cortés. Una vez obtenida la resolución de ayuda, las entidades colaboradoras descontarán el importe de la renta mensual y, en su caso, el resto de la cantidad correspondiente para que el importe que efectivamente abona la persona destinataria de la ayuda no supere el 25% de sus ingresos.
