La asociación Ecologistas en Acción ha anunciado que se personará en el juzgado para, salvo que se estime en contrario, ser parte interesada en la causa judicial abierta por la sociedad Emerita Resources, que ha concurrido al concurso internacional minero de Aznalcóllar (Sevilla) y que ha presentado una denuncia contra la Junta de Andalucía por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude al adjudicar las actividades extractivas de explotación al grupo Mexico-Minorbis.
El coordinador de Minas y Canteras de Ecologistas en Acción, Antonio Ramos, ha indicado a Europa Press que el objeto primordial de esta decisión es lograr que se facilite al colectivo la documentación del caso, de cara a acometer a un estudio exhaustivo y comprobar si procede llevar a cabo otro tipo de medida.
"Los hechos pintan muy feos, pero hasta que no tengamos la documentación no podemos hacer nada", ha precisado Ramos, que asegura haber recurrido a esta fórmula ante la posibilidad que se le abre a Ecologistas como figura jurídica, y en la convicción de que en cualquier trámite realizado con la administración se emplearía una gran cantidad de tiempo.
En este sentido, el coordinador de Minas y Canteras de Ecologistas en Acción ha precisado que la personación, por el momento, se limitaría al plano de la resolución administrativa, mientras que la asociación esperará a tener mayor información para, por otro lado, ejercer si procediera acciones por supuestos delitos ambientales.
Ramos ya lamentó el "opaco" procedimiento de adjudicación del proyecto para la explotación de la mina, dentro de una tramitación en la que, lamentan, se han obviado las mejores puntuaciones de la aspirante Emerita en aspectos como el proyecto de investigación o, sobre todo, la recuperación social de la zona.
La denuncia presentada la pasada semana por Emerita, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que la conclusión de la segunda fase ha sido, al entender de esta sociedad, "absolutamente irregular y contraria a derecho".
Así, Emerita pide que se requiera de la administración el expediente completo del concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, "para conocer los informes y criterios de valoración, así como para poder comparar las ofertas presentadas y ver si se ajustan a dichos informes y valoraciones".
También reclama que se tome declaración a los representantes legales de las empresas participantes en dichos concursos, a los miembros de la mesa de contratación que ha adjudicado la mina de Aznalcóllar y a los técnicos de la Junta que han emitido los informes previos y las valoraciones para la adjudicación; y que se solicite del Ministerio correspondiente el expediente de las ayudas concedidas para comprobar si efectivamente se han llegado a devolver los préstamos y bajo qué condiciones se concedieron.
