Una cuarta parte del total de medicamentos que se dispensan a diario en las farmacias andaluzas ya están sujetos a subasta, según se ha informado a Europa Press desde el Colegio Oficial de Farmaceúticos de Jaén, una medida que según los farmacéuticos está afectando de forma negativa no sólo al sector, sino también a las personas usuarias.
El secretario del Colegio Oficial de Farmaceúticos de Jaén, Juan Pedro Rísquez, ha señalado que uno de los principales problemas que está ocasionando las subastas es dejar el suministro de los fármacos en manos de "pequeños laboratorios", en muchos casos ubicados en Asia y países del Este, que no tienen capacidad de producción suficiente como para atender la demanda.
"Son los pequeños laboratorios y no las grandes firmas las que están acudiendo a las subastas, porque a éstas ni les interesa ni les sale rentable", indica Rísquez. Una de las consecuencias más inmediata, según el Colegio, son los problemas de desabastecimientos ya que a diario las 309 farmacias de Jaén, al igual que las del resto de Andalucía, se encuentran con un listado de medicamentos en desabastecimiento que tienen que ser sustituidos puntualmente por otros.
Esto obliga a los titulares de las farmacias a firmar para dejar constancia de que suministraron otro producto por desabastecimiento, en caso de no ser así, no reciben el importe en la liquidación mensual que les hace la Junta de Andalucía.
Otro de los problemas de las farmacias es atender las demandas de los pacientes y clientes, sobre todo personas mayores y polimedicados, a las que resulta "muy difícil convencer" de que la medicación que les estás suministrando es la misma por principio activo, aunque se presente con otro envase y proceda de otro laboratorio.
Desde la Junta de Andalucía se defiende la subasta de medicamentos como medio para alcanzar el objetivo anual de un ahorro cercano a los 200 millones de euros. Sin embargo, desde 2012, Gobierno autonómico y central están enfrentados en el Tribunal Constitucional por este sistema, que según sostiene la administración central, impide a los pacientes andaluces acceder a determinados fármacos, además de fomentar la creación de monopolios de oferta regionales.
