El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha aplaudido este lunes el plan de ahorro de agua implantado en el Centro Penitenciario de Alcolea, en la capital cordobesa, que, según la respuesta que dio el Gobierno de la Nación a sus preguntas, ha permitido a la prisión lograr en su factura del agua un ahorro de un 15%, lo que ha llevado a Hurtado a pedir "planes de ahorro de agua en los edificios públicos que eviten el corte de suministro a las familias si recursos".
En declaraciones a Europa Press, Hurtado ha pedido que "todos los edificios públicos pongan en marcha un plan de ahorro de agua potable y que se elimine el baldeo con agua potable como sistema de limpieza, por ejemplo en el casco histórico de Córdoba".
Para el diputado socialista "con el ahorro de dinero público que se consiguiera se podría garantizar un mínimo vital de abastecimiento de agua potable para todos los hogares y garantizar este suministro a todas las familias sin recursos económicos".
Según ha señalado Hurtado, "con la crisis económica se está produciendo, cada día con más frecuencia, el denominado desahucio hídrico, que implica el corte en el suministro de agua potable a muchos hogares. Un tipo de desahucio invisible y que en muchos casos se oculta porque afecta a la dignidad de las personas".
De hecho, según ha afirmado el diputado del PSOE, "los cortes de agua por impago son cada día más frecuentes y se estiman en unos 300.000 los cortes de suministro de agua que se producen al año, y la consecuencia es que el número de personas que no disponen de suministro de agua en sus hogares se ha multiplicado por cinco desde el inicio de la crisis".
En consecuencia, Hurtado considera necesario "establecer un mínimo vital de suministro de agua potable, que cubra las necesidades básicas y que esté garantizado por las administraciones públicas para todas las familias que no disponen de recursos para pagarlo".
El diputado socialista ha exigido "que el acceso al agua sea un derecho de todas las personas, porque afecta a su dignidad y no puede ser considerado como una mercancía o un servicio más que solo se preste a quien pueda pagarlo".
A su juicio, "es una responsabilidad pública el garantizar un mínimo vital a la población y, tanto Naciones Unidas, como el Parlamento Europeo, han aprobado la necesidad de establecer un mínimo vital de agua potable para todas las personas y familias", argumentando Hurtado que "el mínimo vital de suministro de agua potable podría ser factible y financiable con los planes de ahorro que se pusiesen en marcha en los edificios públicos".
