La juez María Núñez Bolaños ha aceptado incorporar a la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares la documentación aportada por Mercasevilla en la querella que presentó el día 2 de marzo contra antiguos representantes de la empresa, sindicatos y exaltos cargos de la Consejería de Empleo de la Junta, a los que atribuye "hechos delictivos y perjudiciales" para las arcas públicas de esta sociedad en relación con el ERE de 2007.
Y es que el día 2 de marzo, Mercasevilla presentó esta querella en el juzgado que entonces dirigía Mercedes Alaya después de que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que han elaborado el informe clave en el caso de los ERE certificaran el compromiso de la Junta para abonar el ERE de Mercasevilla correspondiente a 2007, no obstante lo cual la juez Alaya rechazó investigar esta querella dentro del caso y la mandó a reparto.
En un auto dictado el pasado 24 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Núñez estima el recurso de reforma interpuesto por Mercasevilla contra la decisión de la juez Alaya, que remitió la querella al decanato de los juzgados para que fuese investigada por otro juez, al considerar que los hechos denunciados no tienen relación con la macrocausa de los ERE fraudulentos.
La magistrada pone de manifiesto que Mercasevilla, "en sus alegaciones, genera duda sobre sus exactas pretensiones", ya que "por un lado presenta querella y por otro manifiesta que sólo desea aportar más documentación relativa a los hechos investigados en las presentes actuaciones, a saber: prevaricación y malversación".
"Efectivamente, en las presentes diligencias se investiga un presunto delito de malversación y prevaricación" en relación con los ERE de la lonja de 2003 y 2007, dice la juez, que añade que, "con relación a dichos hechos investigados, afirma el Ministerio Público debe ser admitida la querella".
ECONOMÍA PROCESAL
Mercasevilla "ya ha aclarado su deseo de aportar, simplemente, documentación a estos efectos, resultando innecesario y contrario al principio de economía procesal, para a los solos efectos de unir documentación, admitir querella, incoar diligencias previas y acumular a las ya existentes, en las que la parte interviene como acusación particular".
Por ello, la juez Núñez acuerda inadmitir la querella, "que la parte aclara no presentar, y tener, a estos efectos por aportada la documentación que acompaña a su escrito y acordar su unión a las presentes actuaciones".
Asimismo, y respecto al posible perjuicio esgrimido por Mercasevilla, "nada debe resolverse en este momento procesal, sin perjuicio del derecho de la parte a ejercer cuantas acciones estime convenientes, que, a criterio del Ministerio Público, debe ser en las diligencias previas 6143/09", correspondientes al delito societario de Mercasevilla.
De igual modo, "y sobre los posibles nuevos hechos que se pretenden investigar en las presentes actuaciones, como presunta administración ilícita de los cargos directivos de Mercasevilla en la gestión de los ERE" de 2003 y 2007, "no procede la ampliación a dichos hechos en la presente causa sin perjuicio del ejercicio de la acción penal que corresponda y que, en su caso, deberá ser objeto de reparto para su conocimiento por el juzgado que por turno corresponda".
LOS PERITOS
Mercasevilla presentó esta querella en el juzgado de Mercedes Alaya el pasado día 2 de marzo, después de que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que han elaborado el informe clave en el caso de los ERE irregulares certificaran el compromiso de la Junta de Andalucía para abonar el ERE de Mercasevilla correspondiente al año 2007.
Según el acta de su comparecencia ante la juez Mercedes Alaya, a la que ha tenido acceso Europa Press, los peritos de la Intervención del Estado contestaron a preguntas de la abogada de Mercasevilla que "han podido examinar el expediente correspondiente al ERE de 2007" de la lonja.
"Efectivamente, en el mismo constan tres compromisos de pago por parte del director general de Trabajo --Francisco Javier Guerrero--" fechados en los años 2007 y 2008, "con Vitalicio, por importe total de 6.901.814,43 euros", manifestaron los peritos, quienes añadieron que "no existe diferencia entre estos compromisos de pago y el resto de compromisos de pago en otras subvenciones".
La querella, que iba dirigida entre otros contra el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero o el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, tiene como base las recientes sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el ERE de 2007 de Mercasevilla, que lo define "como fraudulento" para Mercasevilla y "desastroso" para sus arcas, "señalando expresamente la posible connivencia de altos cargos de la Consejería de Empleo".
Antes de presentar esta querella, Mercasevilla elevó a la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA un recurso contencioso administrativo contra las medidas emprendidas por el Gobierno andaluz para anular los actos administrativos firmados por Guerrero para aportar fondos autonómicos al expediente de regulación de empleo promovido en 2007.
Tras presentar la querella, Mercasevilla solicitó al TSJA que suspendiera el procedimiento contencioso administrativo "hasta que recaiga sentencia en las diligencias previas penales 174/2011", como son los ERE irregulares, pues "puede existir causa criminal en los hechos que nos ocupan" y la resolución penal "será influyente para que la Sala pueda resolver sobre el fondo del asunto".
De manera subsidiaria, "y para el hipotético caso que se desestime la prejudicialidad penal y se acuerde la continuación del procedimiento", Mercasevilla pidió al TSJA que citara a declarar como testigos-peritos a los cuatro peritos de la Intervención General del Estado que han elaborado el informe clave sobre los ERE irregulares.
