La Policía Nacional ha desmantelado en Almería, Murcia y Alicante una red de sociedades pantalla supuestamente dedicada a defraudar al Estado a través de falsos contratos de trabajo. La operación se ha saldado con 89 detenidos y 152 imputaciones durante el transcurso de la misma, en un plazo de siete meses.
De los detenidos, 67 son de nacionalidad española y el resto extranjeros de diversas nacionalidades: Marruecos, República Dominicana, Paraguay, Honduras, Ecuador, Francia, Alemania, Colombia y Lituania. Entre los arrestados se encuentran el dueño de un club de alterne, de 59 años; y el administrador de este club, de 49 años, considerado el cerebro de toda la trama, ambos españoles.
Con este entramado de empresas instrumentales, que carecían de cualquier actividad laboral y sin embargo presentaban 236 supuestos trabajadores, los implicados han generado un fraude total a las arcas del Estado, entre la deuda a la Seguridad Social por impago de las cotizaciones y la recepción de prestaciones obtenidas fraudulentamente, más de un millón y medio de euros.
La investigación se inició a principios del año 2014 por parte de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Murcia en torno a las actividades ilícitas llevadas a cabo por un grupo organizado asentado en la Región.
Simulaban relaciones laborales a través de un entramado de empresas de naturaleza ficticia, obteniendo importantes beneficios económicos con la venta de contratos de trabajo, tanto a ciudadanos españoles como a extranjeros, los cuales a su vez podían sustanciar satisfactoriamente expedientes en materia de extranjería o devengar prestaciones económicas en materia de Seguridad Social.
Tras la recepción de múltiples denuncias relativas a la venta de contratos simulados y a la práctica de gestiones con la Oficina Única de Extranjería, se procedió junto con Inspección Provincial de Trabajo a investigar un grupo empresarial, integrado por cinco sociedades mercantiles.
Las indagaciones efectuadas pusieron al descubierto la existencia de indicios con los que se constataba la naturaleza meramente instrumental de esas empresas, es decir, no tenían actividad laboral alguna, generaban numerosas deudas por impago sistemático a la Seguridad Social de las cuotas de un exagerado número de trabajadores dados de alta.
Su objetivo era permitir el acceso indebido a autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros y al disfrute de prestaciones públicas de muchos de sus supuestos empleados, por maternidad, desempleo y otros subsidios.
De manera escalonada y en distintas actuaciones, la UCRIF ha detenido a todos los participantes de estas actividades, pudiendo determinar la existencia de toda una infraestructura organizativa en cuya cúspide figuraban dos personas: el dueño de un club de alterne y el administrador de hecho de este club.
Por debajo de los principales cabecillas se hallaban los administradores de estas empresas sin actividad alguna, 'hombres de paja' que percibían la cantidad de 150 euros semanales por figurar como tales. Tras ellos se encontraba una red de intermediarios cuya función consistía en captar a los potenciales clientes, abarcando las provincias de Murcia, Alicante y Almería.
En un último escalón se encontraban los supuestos trabajadores, determinándose la existencia de 236 falsos trabajadores repartidos en esas cinco mercantiles instrumentales. Todas las altas han sido anuladas por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Cada falso empleado pagó la cantidad de 200 a 300 euros por el alta inicial y por cada mes sucesivo en la Seguridad Social abonaban entre 150 a 200 euros por un contrato de trabajo de un año de duración.
En el caso de extranjeros, para la obtención de un permiso de trabajo, requisito necesario para lograr una autorización temporal de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales de arraigo social, la cantidad a pagar era de 1.500 euros.
El entramado empresarial jamás pagó las cuotas de cotización a la TGSS, generando una deuda con la TGSS y un fraude al Servicio de Empleo Público Estatal y al Instituto Nacional de Seguridad Social por prestaciones indebidas, defraudando un total de más de un millón y medio de euros a las arcas del Estado.
Desde noviembre de 2014 hasta ahora se han detenido a 89 personas e imputado a 152 por delitos de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental, estafa y pertenencia a grupo criminal, incluyendo a los máximos responsables y a todos los intermediarios y falsos trabajadores.
La operación ha sido llevada a cabo por la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Murcia junto con Inspección Provincial de Trabajo, la Seguridad Social y la Oficina Única de Extranjeros.
