Sólo en los últimos cuatro años, el número de trabajadores por debajo del umbral de la pobreza ha ascendido hasta los casi seis millones. En Andalucía hay 1,4 millones de trabajadores en esta situación. Es una comunidad en la que el salario medio ha caído algo más de un 7% entre 2010 y 2014, pasando de 15.468 euros anuales a 14.365 euros.
Desde Gestha venimos pidiendo desde hace años que se lleve a cabo una reforma fiscal integral para garantizar una redistribución equitativa de los ingresos que corrija los efectos más adversos de la crisis. Desde el ámbito fiscal es posible emprender una serie de reformas que palien el desplome de casi el 13% de los ingresos tributarios desde 2007 y el aumento en 60.000 millones de la economía sumergida, todo ello realizando un reparto fiscal equitativo y progresivo, como así establece el artículo 31.1 de la Constitución.
Algunas de las propuestas sobre esta materia que estamos escuchando durante la campaña electoral son absolutamente contrarias a ese precepto constitucional; la última la encontramos en la promesa del PP para eximir del pago de IRPF a aquellas personas que sigan trabajando una vez pasada la edad legal de jubilación.
Esta medida le costaría a las arcas públicas 680 millones de euros, según los cálculos elaborados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), y beneficiaría, sobre todo, a los ciudadanos con rentas más elevadas. Estimamos que la medida impactaría directamente en 42.000 trabajadores, de los cuales hay un 35% que gana más de 55.000 euros anuales y a los que iría dirigido el 75% de la exención del IRPF.
El Partido Popular también ha anunciado la eliminación de la cuota del IRPF durante un año para los jóvenes que encuentren su primer empleo. Se beneficiarían hasta un máximo de 28.651 jóvenes menores de 30 años, lo que supone un 2% de los empleados en esta franja de edad, con sueldos de más de 28.000 euros al año.
Estas dos propuestas chocan frontalmente con tres principios constitucionales, a nuestro juicio irrenunciables: capacidad contributiva, justicia tributaria y equidad. La eliminación del IRPF a los mayores de 65 años que trabajen –no a todos, pues Rajoy ya ha avisado de que habrá un tope- no es justa desde el punto de vista tributario, ya que habría dos personas en edad de jubilación, una con una pensión que contribuirá con Hacienda, aunque sea con un importe mucho menor que el sueldo que ingrese otra que prolonga su actividad y que no soportará el IRPF.
La exención del primer empleo tampoco es justa, porque un desempleado que percibe las prestaciones tiene que contribuir, y otra con un primer salario no contribuye con Hacienda. De este modo, las dos medidas rompen con los principios de capacidad contributiva y de equidad, ya que mayores y primeros empleos con sueldos elevados no pagarían IRPF, frente a la tributación que se exige a pensionistas y parados que cobran las prestaciones por desempleo.
En estas semanas son muchas las propuestas elevadas a los partidos políticos por parte de los actores económicos del país, pero con vistas al 20D desde Gestha pedimos que sean conscientes de la situación de desigualdad por la que pasan los españoles, la cual se puede remediar en buena parte si se lleva a cabo una reforma fiscal que haga plenamente efectivos los principios de generalidad, igualdad y progresividad, que deben inspirar, por mandato constitucional, nuestro sistema fiscal.
No se puede posponer más. Si de verdad queremos un sistema impositivo acorde con el orden constitucional, es imprescindible reducir la dualidad fiscal del IRPF, ya que favorece la tributación de la rentas del capital frente a las del trabajo y de actividades económicas. En esta misma línea, es necesario aumentar el número de tramos de la tarifa del Impuesto sobre la Renta y eliminar las reducciones de la base imponible por aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social sustituyéndolas por una deducción de cuota, menos regresiva.
De esta forma se conseguiría mejorar la progresividad fiscal para cumplir con los principios de equidad y progresividad proclamados en el artículo 31.1 de la Constitución, pues las rentas más altas no se verían beneficiadas por la tributación del impuesto que más afecta al bolsillo de los contribuyentes que es el que más puede ayudar a hacer esta sociedad más justa e igualitaria. Ese es nuestro único y ambicioso objetivo. Nada más y nada menos.
