El Ministerio de Defensa recibirá este martes la petición del periodista José María Calleja y del abogado Eduardo Ranz de que garantice el acceso a los archivos militares relacionados con la memoria histórica y elimine las "innecesarias trabas" que están sufriendo los investigadores, los familiares de las víctimas del franquismo y el resto de ciudadanos que quieren consultar los expedientes.
La iniciativa se registrará a las 11.00 horas ante la sede de la Primera Región Militar, ubicada en la madrileña Calle Mayor, cuando se cumple el 150 aniversario del Archivo Histórico Nacional, con el objeto de lograr el "pleno" acceso a estos archivos "por su interés público" al amparo de las leyes de Transparencia, Memoria Histórica y del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
En total se presentarán 30 peticiones ante instituciones militares, entre las que se encuentran los archivos de la Armada, el Ejército del Aire, tribunales militares, regiones o zonas militares; así como ante las embajadas de Argentina, Méjico, Cuba y Rusia. Además, instan a digitalizar los de Falange Española de las JONS y de la Fundación Nacional Francisco Franco.
EXIGEN MEDIDAS "INMEDIATAS"
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, exigen adoptar medidas de forma "inmediata" para garantizar el derecho de acceso a los fondos documentales y la catalogación de aquellos que puedan "contribuir al restablecimiento de la verdad sobre la represión bajo el régimen franquista", al ser, aun hoy, "inaccesibles" a la ciudadanía.
La demanda se ampara en la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Transparencia, y la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que contemplan el derecho de acceder a los fondos depositados en archivos públicos, obtener las copias que se soliciten y examinar también aquellos que tengan carácter privado pero estén sostenidos con fondos públicos.
Recuerda que la Administración está obligada a facilitar el acceso a la información a los ciudadanos a través del 'Portal de la Transparencia' y que el Reglamento de Archivos Militares de 1998 establece que los mismos serán "de acceso libre y gratuito cuando se trate de expedientes correspondientes a procedimientos terminados en la fecha en que tal consulta sea solicitada".
De este modo, Ranz y Calleja requieren el "pleno" acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas relacionados con la instrucción de expedientes, con especial tratamiento de lo juzgado en el Tribunal de Orden Público (TOP), así como la publicación de aquellos referidos a la memoria histórica, superiores a 25 años de antigüedad, de conformidad con la Ley sobre secretos oficiales de 1968.
Emplazan así a facilitar la consulta de los archivos pertenecientes a Defensa, comandancias de la Guardia Civil y Cuerpos de Seguridad del Estado comprendidos entre 1929 y 1977; mientras que invitan a suscribir convenios de colaboración con Universidades, al entender que "el acceso es básico para esclarecer el concepto de verdad" y ayudar a investigadores que participan en exhumaciones y familias que desean conocer datos de parientes represaliados.
