La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, comenzará a jugarse su mandato este viernes en una Cámara de Diputados cada vez más hostil y en la que parece haberse formado una mayoría proclive a apoyar un juicio con miras a su probable destitución.
El Gobierno quemó uno de sus últimos cartuchos en su intento de impedir el juicio y lo hizo ante la Corte Suprema, con una demanda de última hora presentada hoy por el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, que pedía anular parte del proceso y fue rechazada por ocho de los magistrados frente a dos que pidieron aceptarla.
Cardozo demandó la nulidad de un informe aprobado en una comisión de la Cámara Baja, que aceptó la denuncia que acusa a Rousseff de incurrir en maniobras ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
Si la demanda era respaldada por los magistrados, el proceso debería haber vuelto a ese punto y la comisión de diputados tendría que rehacer el informe, que según Cardozo contiene asuntos ajenos a la denuncia lo que obstaculizaría la defensa de Rousseff.
Sin embargo, el Supremo consideró que la denuncia de la Abogacía General del Estado no procede y que el trámite debe seguir su curso.
El próximo paso comenzará este viernes, cuando la Cámara Baja realizará la primera de tres sesiones, que concluirán el domingo, en las que decidirá si se remite al Senado el informe que propone la apertura de un juicio político contra Rousseff.
Para que el trámite llegue a la instancia definitiva del Senado, que tendrá la última palabra sobre el juicio, la oposición necesita reunir una mayoría calificada de 342 votos entre los 513 posibles.
El Gobierno admitió hoy que tiene en contra una mayoría cercana a los 300 diputados, pero subrayó que eso sería insuficiente para que el proceso prospere, con lo cual la causa sería archivada.
"Nuestros cálculos dicen que contamos con unos 200 votos", dijo el jefe del grupo del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara Baja, Afonso Florence, después de una reunión que Rousseff tuvo con diputados de la base oficialista.
Sin embargo, sondeos hechos por los diarios O Globo y O Estado de Sao Paulo en el Congreso revelaron que la mayoría favorable al "impeachment", como se conoce en Brasil al proceso de destitución de un mandatario, ya ha llegado a los 342 diputados necesarios.
Esas encuestas atribuyen al Gobierno entre 118 y 127 votos, que serían inútiles frente a esa mayoría calificada que ya estaría formada.
Consultadas por Efe, fuentes de dos organismos empresariales que demandan la destitución de Rousseff y otras cercanas a la oposición coincidieron en sus pronósticos, fueron incluso más allá y dijeron tener el respaldo de entre 370 y 400 diputados.
En la primera de las sesiones previas a la votación del domingo, en el pleno de la Cámara Baja serán escuchados representantes de la parte acusadora y también el abogado general del Estado, que en este proceso representa a Rousseff.
Luego, los jefes de los grupos de los 27 partidos representados en la Cámara de Diputados podrán tomar la palabra por un máximo de una hora cada uno, lo que podría llevar a que la sesión concluya la mañana del sábado.
Ese día, habrá una segunda sesión de debates, en la que podrán intervenir los 513 diputados y el domingo se celebrará la propia votación, que se calcula que concluirá por la noche.
Si los parlamentarios se inclinan por proseguir el proceso, el Senado deberá definir, en un plazo aún no establecido, si finalmente será iniciado el juicio político contra Rousseff, que será celebrado por esa cámara legislativa.
En caso que el proceso sea abierto, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que tendrá el Senado para realizar el juicio y en ese período la reemplazaría el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesoria y también bajo amenaza de un juicio político.
