La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) ha convocado una manifestación solidaria y de apoyo a Leonard y Helen Prior, el matrimonio británico de 72 años al que en 2008 el Ayuntamiento de Vera (Almería) derribó su vivienda pese a contar con licencia municipal, y el cual, desde entonces, vive en un garaje pese a que el Tribunal Constitucional.
La concentración, según ha explicado la AUAN en un comunicado, se realizará el 19 de mayo en Vera a partir del mediodía. Según ha explicado la presidenta del colectivo, Maura Hillen, "el motivo de dicha concentración es para pedir a los poderes públicos que resuelvan de una vez por todas el sufrimiento de los señores Helen y Leonard Prior, cuya vivienda fue demolida sin indemnización en el año 2008 pese a tener licencia urbanística, pidiendo se ponga fin a su calvario".
Cabe recordar que el Juzgado de lo Contenciosos-administrativo 3 de Almería ha dictado una sentencia por la que el Ayuntamiento de Vera deberá indemnizar al matrimonio con la cuantía de 425.185,43 euros por la demolición de su vivienda unifamiliar. No obstante, desde el Ayuntamiento se ha manifestado la intención de recurrir el fallo.
En este sentido, Hillen ha pedido también a los poderes públicos que "fomenten los cambios legislativos necesarios para dotar al mercado inmobiliario de mayor seguridad jurídica" por lo que ha abogado por tramitar como "medida urgente" la extensión al Registro de la Propiedad de todas las cuestiones fundamentales que puedan afectar a un bien inmueble "incluidas las urbanísticas".
Desde la asociación pretenden con esta medida "evitar que inocentes consumidores compradores caigan en la trampa de hacer la mayor inversión de su vida y compren una vivienda que aparenta estar perfectamente inscrita en el Registro de la Propiedad sin anotación de problema urbanístico alguno" aunque posteriormente resulte "ilegal" o esté "sujeta a una orden de demolición".
La juez Ana Fariñas rechazó en su fallo que existiera "dolo o culpa grave" en la conducta de Leonard los Prior, quienes edificaron su casa "con un título que les habilitaba para ello" y que, "desde un primer momento, presentaron un proyecto destinado a vivienda unifamiliar".
La sentencia estima parcialmente la demanda de responsabilidad patrimonial del matrimonio, que, inicialmente, reclamaba por los daños los materiales un total de 602.083 euros mientras que por los daños morales interesaba 200.000 euros.
La casa de la pareja fue demolida el 9 de enero de 2008, en cumplimiento de una orden judicial de demolición que luego fue anulada por el Constitucional, si bien las máquinas retroexcavadoras contratadas por la Junta de Andalucía ya habían demolido la casa. Pese a ello, la juez remarca que la responsabilidad es del Ayuntamiento y no del Gobierno andaluz, que se limitó a ejecutar el derribo, y le reprocha al Consistorio, gobernado entonces por el actual alcalde, Félix López, que concediera al matrimonio una licencia urbanística que no era conforme al planeamiento.
