El Congreso ha formalizado este jueves ante el Tribunal Constitucional su conflicto de atribuciones con el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy por su rechazo a someterse a control parlamentario, según han avanzado a Europa Press fuentes de la Cámara.
El pasado 10 de mayo, la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano activo entre legislaturas, facultó a los servicios jurídicos de la Cámara Baja para empezar a redactar ese recurso, que servirá para que el Alto Tribunal siente criterio sobre este asunto para el futuro.
Días antes, en concreto el 6 de mayo, el Gobierno ya se había ratificado en su negativa a someterse al control parlamentario, en respuesta al requerimiento que le había hecho el Congreso. En su escrito, el Ejecutivo en funciones insistía en que "no puede ser sometido a iniciativas de control en la medida en que no existe una relación de confianza entre el Gobierno y el Congreso".
UN MES DESPUÉS DE QUE RESPONDIERA EL GOBIERNO
Un Gobierno, rezaba el texto, sólo "responde solidariamente" ante el Congreso que le ha dado su confianza mediante la investidura pero, al estar en funciones, carece de capacidad para fijar la orientación política, que precisamente es lo que pretende un Parlamento al controlar a un Ejecutivo.
Ese escrito fue el último trámite que le faltaba al Congreso para poner en marcha el recurso al TC que en su día acordó el Pleno el Congreso con el voto en contra del PP.
Según el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, una vez que reciba el escrito del Congreso, el tribunal deberá comunicarlo al Gobierno en los diez días siguientes y fijará un mes de plazo para que formule las alegaciones que estime convenientes.
EL TC PUEDE INVITAR A LA CAUSA A OTRAS INSTITUCIONES
Durante ese mes, podrán comparecer en el procedimiento los demás órganos legitimados para plantear este tipo de conflictos, si consideran que esto afecta de algún modo a sus atribuciones, y podrán pronunciarse "en apoyo del demandante o del demandado".
A lo largo de este proceso, el tribunal podrá requerir aclaraciones a las partes y tendrá que tomar una decisión definitiva durante el mes siguiente o, cómo máximo, 30 días después del plazo que fije para la recepción de las mismas.
Es decir, el proceso podría alargarse hasta la vuelta del verano, ya con las nuevas Cortes funcionando. En todo caso, el objetivo del recurso era resolver esta discrepancia y sentar criterio para hipotéticos escenarios de Gobierno en funciones en el futuro.
