El Gobierno local confirmó este domingo que no asumirá la reincorporación de los trabajadores afectados por el ERE municipal, toda vez que tiene sobre la mesa un informe que le advierte de la posibilidad de incurrir en delitos de prevaricación, malversación y nombramiento ilegal.
De este modo se pone fin a casi año y medio de trabajo que según el Ejecutivo local ha tenido el objetivo de “instruir un expediente administrativo que, conforme a la ley”, permitiera la reincorporación de los afectados.
“A pesar de este esfuerzo, las continuas lagunas jurídicas expresadas por los informes jurídicos no concluyentes que se han ido emitiendo a lo largo de este periodo, añadidas a la contundencia de los nuevos informes, aconsejan, desde la responsabilidad, no dar un paso en falso que pudiera poner en peligro el interés general, objetivo básico de quien ejerce la función pública”, explicó el Gobierno a través de un comunicado de prensa.
No obstante, el Ejecutivo socialista “no quiere ser un obstáculo” en el “proceso de reincorporación de dichos trabajadores, en tanto que otros grupos políticos han expresado que están plenamente convencidos acerca de la legalidad” de los acuerdos transaccionales que iban a ser remitidos al TSJA. “Es por ello que, a pesar de estos nuevos informes, y aunque el Gobierno no recomienda que lo hagan, si los grupos de Ganemos, IU y Ciudadanos todavía están convencidos de que se puede proceder a la reincorporación conforme a ley, se reitera la disposición a que cuatro miembros de estos grupos políticos se incorporen al Gobierno y aprueben dicha reincorporación en una Junta de Gobierno Local”, añade el Ejecutivo.
Tanto Ganemos como IU ya han declinado este ofrecimiento, llegando a considerarlo un “chantaje” por parte del Gobierno local y pidiendo incluso la dimisión de Mamen Sánchez por incumplir uno de los compromisos adquiridos en el acuerdo que permitió su investidura. La situación, por tanto, va a afectar sin duda a las relaciones entre el PSOE y los grupos que permitieron que accediera al Gobierno.
Los detalles del informe
El informe al que se agarra el Ejecutivo para desistir de continuar con el proceso de reincorporación de los afectados por el ERE fue encargado por los concejales del grupo socialista al bufete de Manuel Hortas.
El documento advierte de que la transacción con los trabajadores, “una vez que el Ayuntamiento acordó su despido y ya optó por la no readmisión en el trámite judicial, constituye un acto contrario a lo resuelto”. No en vano, “el hecho de que el Ayuntamiento optase en la vía judicial por indemnizar y no readmitir a cada uno de los trabajadores, parece impedir que pueda actuar de otra forma y acordar la readmisión”.
“En el caso de transigir y acordar la readmisión de esos trabajadores, esa decisión podría llegar a ser considerada carente de fundamento legal y sólo sustentada en el cumplimiento de determinadas promesas electorales o acuerdos políticos ajenos a la gestión municipal. En este sentido, sería una resolución infundada y, por ello, arbitraria y susceptible de constituir un delito de prevaricación”, añade.
El informe concluye por tanto que la transacción del Ayuntamiento con los trabajadores por la que se acuerde su readmisión “es una resolución administrativa susceptible de constituir delito de prevaricación administrativa”.
De igual modo, la transacción “puede constituir delito de malversación”, así como “de nombramiento ilegal”.
El Ejecutivo socialista ha expresado su “solidaridad” y “comprensión” con la situación de los trabajadores afectados por el ERE, recordando en este sentido que el expediente fue promovido durante la etapa de Gobierno del PP en el Ayuntamiento.
